Garzón: «Es injusto, hay un afán de acabar conmigo»

Tras conocer que había sido condenado, Baltasar Garzón prefirió guardar silencio. Llamó a los suyos, entre ellos a Francisco Baena Bocanegra, el abogado que le ha representado en el caso de las escuchas a los defensores de los imputados en la trama «Gürtel». Le dijo que estaba «mal, desolado», explicó a este diario el letrado. Fueron siete horas de silencio que el aún magistrado de la Audiencia Nacional —perderá ese cargo, así como la condición de juez cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ejecute la sentencia— decidió romper al filo de las nueve de la noche con una nota tan dura como duro es el trago de verse expulsado de la carrera judicial, la profesión que ha ejercido durante treinta años.

Garzón anuncia que recurrirá la sentencia «que me condena de forma injusta y predeterminada» con el fin de «tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido». El juez defiende con uñas y dientes su trabajo contra el crimen y en defensa de los derechos de víctimas y justiciables, los mismos derechos, dice, que el Supremo «ha violentado sistemáticamente» al juzgarle «prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban para, con ello, poder dar forma a una sentencia que estaba anunciada desde hace meses».

El magistrado no ahorra críticas a la resolución ni a los miembros del Tribunal y asegura que con su condena «se elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad». Garzón acusa a la Sala de «laminar la independencia de los jueces en España» con una sentencia que sólo responde al «afán de acabar con un concreto juez». Califica como «aberración» que se le impute haber vulnerado el derecho de defensa, afirmación que ha servido al Supremo, sostiene, para «eliminar la base de mi absolución». «La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa», concluye Garzón.

El abogado del juez expresó a ABC su respetuosa discrepancia con la condena —«sinceramente, no me lo esperaba»— y se mostró convencido de que «hay cauces para recurrir», primero ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Ha sido un juicio duro e intenso en el que hemos mantenido firmemente que no hay delito. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la sentencia», explicó Baena. Fuentes próximas al magistrado condenado no descartaron que solicite la suspensión de la ejecución de la condena cuando acuda en amparo al Constitucional.

Dictada la sentencia por el Supremo, la ejecución de la condena corresponde al CGPJ. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que no podrán tomar ninguna decisión mientras no reciban la «comunicación oficial» del fallo. Sólo entonces, la Comisión Permanente podrá acordar cuáles son las consecuencias prácticas de la condena, un asunto que ya está resuelto y del que hay diversos precedentes (entre ellos el del que también fuera juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño). La última palabra la tendrá el Pleno, pero, según los citados medios, las penas de inhabilitación especial, como la impuesta a Garzón, implican la expulsión de la carrera judicial.

Las muestras de apoyo a Baltasar Garzón se sucedieron durante la jornada de ayer en diversas ciudades españolas. Unas cuatrocientas personas se reunieron en Madrid y cerca de trescientas en Palma para expresar su «indignación» y «vergüenza» por la condena.