El CGPJ suspende a Garzón por las escuchas a los abogados de la «Gürtel»

El Ministerio Público justificó su informe favorable a la imposición de la medida cautelar en la finalidad de "evitar, como consecuencia de continuar ejerciendo las funciones de magistrado una vez que se ha dictado contra el mismo auto de apertura de juicio oral, que se produzcan daños al normal funcionamiento de la Administración de Justicia, o se ponga en peligro la confianza que los ciudadanos" deben tener en ella. No obstante, la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce solicitó este domingo la absolución en esta causa de Baltasar Garzón, que actualmente asesora a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda). Frente a la opinión de las acusaciones, ejercidas por el abogado Ignacio Peláez (que defiende al constructor José Luis Ulibarri ) y los propios imputados en el caso "Gürtel" Francisco Correa y Pablo Crespo , que piden la inhabilitación para Garzón durante 17 años, la fiscal entiende que en este caso no se ha producido delito, por lo que procede la exoneración del juez suspendido de la Audiencia Nacional.

Como contraposición a este análisis, el magistrado instructor de esta causa contra Garzón en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión. Jorge Barreiro agrega en su auto de apertura de juicio oral, que fue dictado el pasado día 11, que la pretensión del juez era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación", dada la confianza de los acusados de la Gürtel "en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado". El auto especifica que el juez de la Audiencia Nacional podría haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación. Por otra parte, la defensa de Garzón en esta causa, que ejerce el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra , ha presentado un recurso ante el magistrado Jorge Barreiro en el que le pide que reconsidere la denegación, como prueba documental en su defensa, del auto dictado por el actual instructor del caso "Gürtel", Antonio Pedreira en diciembre de 2010 en el que archivaba las actuaciones contra los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal.