Forn responsabiliza a Trapero del papel de los Mossos el 1-O y Pérez de los Cobos los acusa de pasividad
El responsable de coordinar el dispositivo arremete contra la actuación de la Policía autonómica en un informe enviado al juez de Barcelona que investiga las cargas policiales de ese día
Dos versiones ante un juez, una misma realidad. El exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn , defendió ayer ante el juez del Supremo Pablo Llarena la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre. El responsable del Ministerio del Interior encargado de coordinar el dispositivo, coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Mossos , acusó sin embargo a la Policía autonómica de «absoluta pasividad y nula colaboración» con la Policía y la Guardia Civil. Lo hace en un informe enviado a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales de aquel día.
Forn, eso sí, responsabilizó ayer al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero , de la actuación de los agentes de este Cuerpo tanto el 20 de septiembre, ante la fachada de la Consejería de Economía de la Generalitat, como el 1 de octubre, día del referéndum ilegal. Ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Forn se desvinculó del operativo policial que se puso en marcha esos días y aseguró que la coordinación de esos operativos no era competencia suya.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración del exconsejero y diputado de Junts per Cataluña en esta legislatura que ahora empieza, precisaron que Forn negó la pasividad de los Mossos en los sucesos de septiembre en plenos registros de sedes de la Generalitat y el 1 de octubre, jornada en la que la no intervención de los agentes autonómicos para desalojar los colegios electorales por orden judicial obligó a actuar a Policía Nacional y Guardia Civil. Negó asimismo que los Mossos dejaran en algún momento de ejercer funciones de Policía judicial o que estuvieran al servicio de la causa independentista.
«Todo lo que debían hacer, lo hicieron» , dijo en referencia al cumplimiento de los distintos requerimientos judiciales. Para él, existía una «disociación» entre lo que era un compromiso político de celebración del referéndum y su obligación como consejero de Interior de velar por que los Mossos cumplieran la ley. Y fue en su condición de miembro de un gobierno comprometido con el referéndum por lo que él fue a votar ese día pese a saber que se trataba de un «acto ilegal» y prohibido por el Tribunal Constitucional .
Sobre esa jornada precisó que se habían previsto hasta cuatro reuniones a primeras horas de la mañana, en las que iban a participar las Fuerzas de Seguridad que formaban parte del dispositivo. Sin embargo, según explicó Forn, ni la Guardia Civil ni la Policía se presentaron, por lo que él mismo llamó al coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos . Siempre según la versión de Forn, este le respondió que se les había olvidado acudir a la cita y que no pensaban hacerlo. De los Cobos tendrá ocasión de aclarar este y otros extremos el 1 de febrero, cuando sea citado a declarar como testigo por el juez Llarena.
Además, ayer se conoció el informe que Pérez de los Cobos, también jefe del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales que efectuaron las Fuerzas de Seguridad durante ese día. En el documento, informa Efe, el coronel destaca la «absoluta pasividad y nula colaboración» de los Mossos d’Esquadra, a los que además acusa de haber intentado «entorpecer y obstruir» la actuación de la Policía y la Guardia Civil .
«Priorizar la seguridad»
Pérez de los Cobos explica al magistrado que las instrucciones que se dieron a los agentes eran «priorizar la seguridad y el uso mínimo y proporcionado de la fuerza» , así como que las actuaciones fueran «rápidas y puntuales» para requisar las urnas, sin que el «objetivo» fueran los votantes. No obstante, se tuvo que usar la fuerza porque los miembros de las Fuerzas de Seguridad fueron «recibidos con acciones de violencia directa» , a su llegada o cuando abandonaban el lugar.
El coronel asegura que la actuación de la Policía y la Guardia Civil se produjo en un contexto de « resistencia pasiva organizada», con algunos «incidentes de violencia» y una «actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Y hace caer la responsabilidad de esta estrategia en los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR), especialmente en Barcelona, donde operaron «como elementos de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios» de confrontación con la Policía y la Guardia Civil, montando «acciones de parapeto» en los puntos de votación.
El escrito destaca que los CDR, ya reconvertidos en Comités de Defensa de la República, han seguido actuando tras el 1-O y que una de sus «principales actividades coercitivas, aunque no la única» , fue la organización de la jornada de huelga general del pasado 8 de noviembre. Y recuerda que el llamado «paro de país» provocó más de 70 cortes de carretera en varios puntos de la red viaria y ferroviaria.
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