La Fiscalía pide seis años para Griñán por prevaricación y malversación en el caso ERE

En su escrito, el Ministerio Público relata cómo los encausados, para evitar la labor de fiscalización de la Intervención, «que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas», modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, «las transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía, ente público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización debida y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó «a su libre arbitrio sin procedimiento alguno» , impidiendo a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que «personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial [...]».

La Fiscalía sostiene que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto de encausados puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde el ejercicio 2002.