La Junta de Andalucía, de acusadora en el caso ERE a defensora de Chaves y Griñán

Según fuentes judiciales consultadas por ABC, la Administración autonómica no va a incriminar a Manuel Chaves, acusado de prevaricación, y a José Antonio Griñán, que además se enfrenta a un supuesto delito de malversación de fondos públicos, en el escrito de acusación que debe presentar al juez que los ha enviado al banquillo.

Acusarlos entraría en contradicción con el discurso que el Gobierno andaluz ha mantenido sobre el procedimiento de concesión de los ERE, que considera legal pese a admitir que algunos ex altos cargos se hayan aprovechado. Por no hablar de las sacudidas internas que se producirían en el PSOE en caso de tener que ir contra dos de sus expresidentes federales cuya inocencia siguen defendiendo sus dirigentes tras su procesamiento.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, volvió a destacarse ayer como una de sus principales valedoras. En una entrevista en el programa «Al rojo vivo» de La Sexta, la también secretaria general del PSOE andaluz defendió que los expresidentes Chaves y Griñán son «dos personas honestas» que «no se han llevado nada y nunca se han beneficiado de un cargo público» pese a que «algunos quieran meterles en esta olla que nos avergüenza».

El instructor cerró la investigación de la rama política del caso ERE procesando a ambos exmandatarios, a seis exconsejeros y a otros 18 ex altos cargos. El plazo de 45 días naturales para acusar a los responsables de prevaricar o desviar fondos expira a mediados de julio, veinte días después de las elecciones generales. Al igual que la Junta, están personados como acusaciones la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular andaluz y el sindicato Manos Limpias.

«La Junta no va a acusar a Chaves y a Griñán, nadie lo espera, entre otras cosas porque durante toda la instrucción no ha pedido ninguna medida contra ellos», comenta uno de los abogados presentes en la causa. El procesamiento de Griñán por malversación de fondos públicos coloca en una tesitura complicada al PSOE. El acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos le obliga a «personarse en los procedimientos judiciales por corrupción cuando pueda existir menoscabo para la hacienda pública de la Junta».

La gran incógnita es dónde va a poner el listón de la responsabilidad penal la institución que representa a los andaluces, principales perjudicados por la gestión «ilícita» de un fondo dotado con casi 855 millones de euros durante una década. ¿Elevará el nivel hasta los exconsejeros de Empleo que firmaron el convenio marco en julio de 2001 que instauró procedimiento ilegal? Se da por descontado que acusará al exconsejero Antonio Fernández, pero está que la Junta vaya a emplear la misma contundencia contra José Antonio Viera, el exsecretario del PSOE de Sevilla que aupó a Susana Díaz a la Secretaría de Organización, en un puesto estratégico para su posterior asalto al poder.