La Fiscalía cuestiona que la JEC pueda dejar a Torra sin escaño

Para comprender el embrollo judicial en el que se ha convertido el caso Torra conviene hacer un esfuerzo de recapitulación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación para cargos públicos. El «president» había desoído las órdenes de la JEC que le conminaban a descolgar durante el periodo electoral de los edificios públicos dependientes de la administración autonómica –especialmente el Palau de la Generalitat– los lazos amarillos y otros «símbolos partidistas».

El fallo que le inhabilitaba era ya un hecho, pero, como el abogado del Torra recurrió la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo, quedaba por ver si la caída del «president» se producía antes o después de que el Alto Tribunal resolviese, algo que podría producirse ya después del verano.

En este punto, la JEC movió ficha, y, a instancias del PP, Ciudadanos y Vox, y con una gran división interna, decidió aplicar a Torra el principio de «inelegibilidad sobrevenida» tras ser condenado por el TSJC y pese a no ser todavía la sentencia firme. Luego, la Junta Electoral Provincial de Barcelona se apresuró a retirarle la credencial de diputado, lo que podría comportar su destitución como presidente dado que el Estatut considera que ser parlamentario es requisito para acceder al cargo.

Ante esta situación, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, blindaba a Torra como «diputado de pleno derecho» al considerar que la junta electoral no es competente para ordenar la inhabilitación de un parlamentario. El pronunciamiento de este viernes del Ministerio Público, el primero de calado en el asunto catalán desde que la exministra socialista Dolores Delgado fue propuesta fiscal general, se alinea con lo defendido por el Parlamento catalán y sus servicios jurídicos. El informe lo ha presentado el fiscal ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, a propósito del intento de Torra de frenar la decisión de la JEC de retirarle de forma inmediata su credencial como diputado.

La Sala, por unanimidad, había rechazado la petición de Torra de suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC –cautelarísimas– y decidió tramitar la cuestión en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de las partes. Y aquí es donde ahora el fiscal cuestiona la competencia de la Junta Electoral para cesar a Torra por incompatibilidad sobrevenida.

La Fiscalía asume la «aparente viabilidad» de las alegaciones de Torra sobre «la posible incompetencia de la Junta –y en general de la administración electoral– para decidir» sobre la «aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida de escaño» del «president». Y recuerda en su escrito lo que considera «un dato de innegable relevancia». Y es que seis miembros de la propia JEC consideraron en un voto particular que no tenían competencia para arrebatar a Torra su credencial.

El ministerio público, en ese documento de 21 páginas, repasa las alegaciones de Torra y concluye que, pese a su «innecesaria retórica descalificadora» , lo cierto es que «responden objetivamente a la realidad». Considera que la administración electoral sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo, pero «una vez adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al Parlament la competencia» de apreciar «la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida». La defensa de Torra añadía que la LOREG «no atribuye» en ningún momento a la junta electoral central (...) facultades para anular por «propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato». El fiscal considera que esto «también parece innegable» .

En definitiva, el fiscal cree que el debate jurídico sobre la cuestión competencial es «lo suficientemente abierto y complejo» para estimar las cautelares . Y es que en función de lo que el Tribunal Supremo tarde en dictar sentencia el mandato de Torra podría verse «desvirtuado por completo». Ahora, la pelota queda en el tejado de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal.