La Fiscalía no ve motivos para declarar ilegal la huelga del 8-N

Pero la patronal se encontró ayer un importante escollo en sus pretensiones. En el juicio que acogió la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía consideró que no hay motivos para tachar de ilegal aquella convocatoria. «Las alegaciones de que las motivaciones son políticas y no son laborales no han quedado acreditadas», concluyó en su intervención el fiscal Joaquim Pérez de Gregorio.

Eso sí, el fiscal reconoció que «toda huelga tiene una fundamentación política» pero no por eso puede declararse ilegal. Pérez de Gregorio hizo estas valoraciones pero cree que ni habría que entrar a valorarlo, por dos razones que esgrimió ayer ante el tribunal: la Sala de lo Social no sería la competente para tramitar la causa -debería dirimirse por la vía contenciosa- y, además, Fomento del Trabajo no estaría legitimado para hacer esta reclamación. Sobre la petición de 100.000 euros de la patronal no quiso ni entrar a valorarla.

El abogado de la Intersindical, Carles Hurtado, defendió que el paro se convocó por cuestiones laborales. Eso sí, admitió que, evidentemente, la huelga se produjo en unas determinadas circunstancias. «Es imposible desvincular la huelga del contexto político» , reconoció el letrado.

¿Cuál era ese «contexto político»? Más de un mes antes se había celebrado el referéndum del 1-O, que acabó con numerosas cargas policiales. El 27 de octubre en el Parlamento catalán se había proclamado la secesión y, el 8 de noviembre, varios de los líderes independentistas ya estaban encarcelados por su papel en el «procés».

Ese 8-N también supuso la puesta de largo de los Comités en Defensa de la República (CDR). Fue ese día cuando decenas de activistas sabotearon las vías de Alta Velocidad de la estación de Sants en una protesta de marcado carácter independentista.

Ahora, el TSJC debe decidir si acepta o no la demanda de Fomento contra la Intersindical , que lidera Carles Sastre, un exmiembro de Terra Lliure que fue condenado a 48 años de prisión por el asesinato del empresario José María Bultó, presidente de la química Cros. Cumplió once años.