La Fiscalía investiga si Trias cometió malversación por pagar el alquiler del «banco expropiado»

El desalojo del local, situado en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona y que estaba ocupado desde 2011, ha desencadenado manifestaciones de protestas que, en tres noches consecutivas, han provocado numerosos incidentes y cargas policiales.

Los okupas tomaron en 2011 el local, una antigua sede de Caixa Catalunya que entonces estaba abandonada y que compró posteriormente una empresa inmobiliaria.

La Fiscalía ha acordado abrir diligencias a Trias tras tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento estuvo pagando el alquiler de la finca desde finales de 2014, hasta que el nuevo equipo de gobierno de Ada Colau dejó de hacerlo.

Según mantiene el ministerio público en el escrito en el que acuerda abrir la investigación por esos pagos, Trias decidió firmar un contrato de arrendamiento con una duración de un año con la inmobiliaria propietaria, Antartic Vintage SL, para evitar el desalojo del local y, por lo tanto, «los eventuales incidentes que pudieran producirse».

Esa renta, sostiene la Fiscalía en su escrito, «fue puntualmente satisfecha por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la renovación».

En opinión de la Fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de malversación que, según el Código Penal antiguo vigente en 2014, castiga a las autoridades que destinen a «usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones».

De hecho, la alcaldesa de Barcelona ya avisó el pasado lunes, cuando los Mossos d'Esquadra iniciaron el desalojo del llamado «banco expropiado», que el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor suponía una «mala utilización de dinero público» y criticó que el equipo de gobierno de Trias lo hiciera «a escondidas».

Por su parte, Trias justificó el pago del alquiler del «banco expropiado» argumentando que el Ayuntamiento quiso «darse un tiempo» para negocia r una solución para la finca porque sus ocupantes eran «unas personas queridas por parte de los vecinos».

Tras el desalojo, los okupas del «banco expropiado» avisaron a través de las redes sociales que iban a convertirse en «la peor pesadilla» para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que mantiene que antes del desahucio les había ofrecido un espacio alternativo en el que instalarse.

El barrio de Gràcia amanece desde hace tres días con el rastro de los disturbios provocados por grupos de manifestantes, que han atacado sucursales bancarias, quemado contenedores y automóviles por las calles en unos incidentes que los Mossos d'Esquadra han reprimido con cargas policiales y lanzamiento de proyectiles de precisión