Fiscales llevan a juicio este miércoles a Llop y Delgado por la política de riesgos laborales

La demanda se centra en que si bien desde 1995 toda empresa y administración debe contar con planes de prevención de riesgos laborales, el único plan con el que cuenta la Administración de Justicia y que se aprobó con veinte años de retraso, está lleno de «insuficiencias para los miembros de la Carrera Fiscal» y se ha convertido «en un instrumento absolutamente inidóneo».

Conforme señalan, ese plan que incluía un manual de prevención de riesgos laborales fechado en 2014 ha servido además «de excusa o tapón para que el Ministerio de Justicia, y la Fiscalía General del Estado abdiquen de sus obligaciones para con el conjunto de los fiscales«.  «No tiene virtualidad alguna para el Ministerio Fiscal», señalan.

Según argumentan, ese plan no contempla las especificidades de sus funciones ni atiende al modo de organización de su trabajo, como tampoco sirve para que desde la Fiscalía General del Estado se adopten pautas comunes o se asuman responsabilidades.

«Los demandantes pedimos aquí el auxilio jurisdiccional (íbamos a escribir el socorro) para empezar a corregir una situación que no se arregla por quienes deberían hacerlo, y no se arregla empezando por crear un sistema de prevención de riesgos ajeno por completo a los fines y objetivos de la Fiscalía y al trabajo de los fiscales, pero que, sin embargo, sirve para que el Estado pueda esgrimir dicho texto formal a fin de evitar las consecuencias de mantener a los fiscales sin prevención de riesgos de ningún tipo», dice APIF..

Recuerdan la situación vivida durante la primera ola de la pandemia, cuando, asegura la demanda, la Fiscalía General «envió de forma temeraria» a todos los fiscales a trabajar «sin los correspondientes medios de prevención de riesgos exponiéndolos a un contagio letal por COVID 19, sin tener ninguna cualificación médica o informe de expertos que amparase su decisión».

«Por si fuera poco desamparo, la Inspección de Trabajo se ha inhibido de toda investigación o sanción al Ministerio de Justicia o Fiscalía General del Estado por tal ausencia total de normas preventivas», dice la demanda.

La situación de los fiscales se extrapola tanto al Ministerio de Justicia como a las diez comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en este área y contra las que también se dirige la demanda que analizará este miércoles la Sala de lo Social.

APIF espera que estas administraciones sean condenadas en sentencia reconociendo que han incumplido sus obligaciones con la Carrera Fiscal, que en el caso de la Fiscalía carece como administración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y que todas sean obligadas a adoptar uno y ponerlo en marcha.