La fiscal concluye que Cifuentes «no se manchó las manos» pero su presión activó «la maquinaria»

Es la conclusión a la que ha llegado la fiscal Pilar Santos tras el juicio ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid contra Cifuentes, la exasesora del su gobierno Maite Feito y la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cecilia Rosado, que ha celebrado este viernes su última sesión . P ide para las dos primeras tres años y tres meses de cárcel y para la última, un año y nueve meses en atención a su confesión.

En su informe, la fiscal ha evidenciado que el Ministerio Público no sólo no se ha movido un ápice de la tesis inicial que le llevó a acusar a Cifuentes de i nducir la falsificación de un acta que justificase que defendió su trabajo de fin de master presionando a la universidad a través de Feito, sino que ha visto refrendados los indicios a golpe de declaraciones en cuatro sesiones de vista oral.

Sobre todo, porque considera que «nada de lo que ha manifestado la señora Cifuentes» en su descargo «ha podido ser acreditado» , que «nada de lo que fue manifestado en esta sala» por Feito «es realmente veraz» y que frente a las dos, Cecilia Rosado «en esencia, dice la verdad».

Rosado confesó ante la sala que confeccionó personalmente un acta que decía que un tribunal del que ella y las profesoras Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos formaban parte, se reunió el 2 de julio de 2012 y evaluó el TFM de Cristina Cifuentes con un notable. Lo hizo por orden de su jefe, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde y bajo presión de Feito, de la que constan a su número una veintena de llamadas el día que eldiario.es reveló irregularidades en el master.

Cifuentes se desmarcó del documento : su versión es que ella cursó ese máster, si bien con todo tipo de facilidades y que no defendió el TFM sino que lo entregó personalmente en un acto informal aquel 2 de julio ante dos mujeres y un hombre que presumió eran profesores y que no aparecen por ningún lado, como tampoco el trabajo. Asegura que desconocía la existencia de aquel acta y que nunca la pidió, se la envió la universidad cuando su gabinete, esto sí, en su nombre, les solicitó que remitiesen toda la documentación del master que tuvieran.

Para la fiscal, « el interés y la presión ejercida por su gabinete implícitamente en su nombre es lo único que explica el proceder de la Universidad. El documento se creó por las presiones ejercidas para que la Universidad diese la cara fuera como fuese y asegurase fehacientemente, que Cifuentes había completado correctamente el master. No son otros sino estos hechos los que nos traen aquí», ha señalado.

Y se basa, por un lado, en que Feito, por más que en su declaración redujese casi a una casualidad que estuviese a las puertas del despacho del rector el día de la publicación y asegurase que estuvo movida por un «interés personal» en cuanta gestión hizo ese día, el hecho es que «la universidad liga a Maite Feito con el gabinete de Cifuentes y el gabinete de Cifuentes liga a Maite Feito con la Universidad» . «Estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió (...) y en una situación privilegiada, pues tenía un pie en uno y otro sitio», zanjaba Santos.

Consta además que estuvo llamando de forma continua a Rosado tras ser remitida por Álvarez Conde, que le facilitó su móvil personal. « Las llamadas fueron constantes, no se puede rebatir. Y para sentir la presión no es necesario que las llamadas fuesen extensas . Bastaba la sola llamada, el solo sonido del teléfono para recordarle a Cecilia que esta situación requería de una solución inmediata. Ponerse en sus zapatos no nos debería costar a ninguno», ha planteado la fiscal.

Con esa base de que Feito era la intermediaria, Santos cristaliza la inducción del delito que atribuye a Cifuentes porque, conforme ha explicado, el día de la publicación «la presión mediática subía por minutos y ella sabía que las consecuencias políticas podían ser nefastas».

«No llamó, las formas hay que mantenerlas», ha señalado la fiscal, para incidir en que «por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad proporcionase una solución y si toda la maquinaria se puso en marcha, fue por estas presiones».

No obstante, hay tres pilares que para Santos son clave a la hora de acreditar hasta qué punto pudo inducir la falsedad y giran en torno a que Cifuentes era consciente de que aquel acta no se correspondía con la realidad ya desde el primer momento y aún así, cuando la tuvo en su poder alardeó de ella en redes sociales.

Para empezar , porque Cifuentes ha afirmado que el 2 de julio entregó su trabajo en un acto informal en la universidad a dos mujeres y un hombre que no era Álvarez Conde, pero esas personas no han aparecido, como tampoco el trabajo y además, «es incompatible» con el hecho de que en esa fecha, tenía una asignatura sin calificar. «Si todas las asignaturas no están aprobadas uno no puede defender el TFM», ha recordado la fiscal.

Entiende que como la agenda de una delegada del Gobierno «es complicada», esa fecha «necesariamente le tuvo que ser suministrada a Conde o a Rosado por el entorno de Cifuentes» , que debió buscar esa como la más plausible para decir que se había defendido el trabajo. De hecho, a primera hora de aquella mañana, Álvarez Conde, de acuerdo a uno de los testigos, decía que había sido en junio, pero sin concretar. Feito estaba en contacto directo con Álvarez Conde y tenían relación personal desde tiempo atrás.

Además, cuando en 2014 pidió el título y pagó las tasas, «alguien» se dio cuenta de que faltaba por calificar tanto aquella asignatura como el propio trabajo final. La funcionaria Amalia Calonge, « compañera de trabajo de la hermana de Cifuentes desde los años 90» , que no tenía competencias para modificar las notas, llama al profesor de la asignatura y este le dice que lo suyo, es un error, que debe constar un notable. Y cambia esa nota, pero también la del trabajo.

«A día de hoy no nos ha quedado claro cómo Calonge conoce la nota que debe atribuírsele en el TFM . Ni fue encontrado el trabajo ni el acta estaba en el servicio. El catedrático nunca hizo referencia al TFM ni a la nota o a haber hablado del tema», ha zanjado la fiscal.

La última gran i nconsistencia está en un recibo de pago de las tasas para defender el TFM con fecha de noviembre de 2012, es decir, cuatro meses después de que Cifuentes, según su versión, hubiese entregado el trabajo en la universidad. Ella declaró que vio el pago de la tasa, que pensó que era algo que había quedado pendiente y como eran poco más de seis euros, no le dio importancia.

«¿No les parece que por escasa que fuese la cuantía, Cifuentes al verlo les hubiese hecho saber que el TFM ya estaba defendido?» , ha planteado Santos, sobre todo porque el pago «no es automático» y hubo de ir o mandar a alguien en su lugar al banco a pagar en persona aquella tasa.

«A la vista de todas las llamadas y todo lo que tuvo lugar el 21 de marzo, todo en lo que participó Feito y el interés que tenía Cifuentes, si se confeccionó el acta fue únicamente porque la universidad debía responder a las exigencias de la Presidencia», ha añadido.