El fiscal acusa a CDC de urdir un «tráfico criminal» de comisiones

En la segunda sesión del juicio del caso Palau, el fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que hay una « conexión natural » entre el delito de blanqueo de capitales, por el que se le solicitan a Osàcar seis años de cárcel, y el de tráfico de influencias, por el que le piden otro año y seis meses. En el origen de este último, las supuestas comisiones pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de la concesión de obra pública por parte de la Generalitat, unas cantidades que se vehiculaban a través de donaciones al Palau de la Música y que acabaron en las arcas de Convergència, según el relato de la Fiscalía.

Para oponerse a la demanda de prescripción de los delitos cometidos, el fiscal Ulled recordó que lo que se derime en el juicio «se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palau». El fiscal también se opuso a la prescripción del delito de administración desleal solicitada por dos directivos de Ferrovial, al entender que «sería estremecedor que en un juicio se forzase el argumento de que pagar comisiones ilegales y obtener un beneficio es fantástico».

Por contra, el tribunal sí aceptó ayer la petición de CDC, ahora PEDCat, y de su extesorero de retirar una treintena de testigos , entre estos los exconsejeros de la Generalitat Pere Macias (CDC), Felip Puig (CDC) y Joaquim Nadal (PSC), así como alto personal de la Generalitat, en lo que se ha leído como un intento de reducir en lo posible la exposición del partido en el juicio al caso de las mordidas. Por contra, no aceptó la retirada de tres testigos porque la defensa de un exdirectivo de Ferrovial mantiene la petición.

Las cuestiones previas, en lo que es un intento de las defensas de minimizar daños antes de que el miércoles próximo comiencen las declaraciones, y el juicio como tal, vendrán del todo condicionadas por el intento de pacto al que trata de llegar la defensa de Jordi Montull , exdirector financiero del Palau, con la Fiscalía. El acuerdo pasaría por incriminar a Convergència en el cobro de las comisiones -algo que hasta ahora los dos saqueadores confesos del Palau, Montull y Fèlix Millet, habían negado-, a cambio de un mejor trato para su hija, Gemma Montull, exdirectora financiera de la institución a la que la Fiscalía solicita 26 años de prisión y que podría ahorrrarse la entrada en prisión.

«La semana que viene será muy divertida», apuntaba Montull el miércoles, en lo que se entendió como un aviso de que se dispone a tirar de la manta . Según fuentes judiciales, el pacto está prácticamente ultimado, aunque se especula con que las explicaciones de Montull se ceñirían a incriminar a Osàcar, sin que otros dirigentes de CDC vayan a verse implicados.

En la segunda sesión del juicio el tribunal también aceptó la petición de prescripción del delito de falsedad documental que se le imputaba a Ramon Marc Martí, administrador de Publiciutat, por un margen de solo 20 días. Tanto la Fiscalía como la acusación popular aceptaron la petición de absolución, que el tribunal sustanciará en su sentencia.

Martí facturó a la Fundación del Palau de la Música de forma «mendaz», según el escrito del fiscal, un total de 102.988,45 euros en 2006 -con una factura en junio y otra en diciembre- y otros 134.401 euros en 2007, con una factura en mayo y otra el 5 de septiembre.

Para el ministerio publico, el hasta ayer acusado estaba «concertado» con los saqueadores Millet y Montull, sin que conste suficientemente que conociera el trasfondo de ilícitas influencias que determinaba la necesidad de contar con su «mendaz facturación».