El tribunal del «caso Palau» absuelve por prescripción a un publicista acusado de enmascarar pagos a CDC

Ayer, el abogado de Osàcar pidió la retirada de sus 36 testigos -entre ellos a los exconsejeros, así como al alto personal y personal técnico- que tenían que ver con las concesiones de obra pública en los años investigados; y hoy el tribunal ha aceptado la petición, excepto la que afecta a Xavier Borràs, Pilar Matasanz y Francesc Segura, ya que la defensa de un exdirectivo de Ferrovial les mantiene como testigos.

En la segunda sesión del juicio del "caso Palau" -que sentenciará sobre el expolio del Palau de la Música y la posible financiación irregular de CDC, entre 2002 y 2009-, el tribunal también ha aceptado la petición de prescripción del delito de falsedad documental que se le imputaba a Ramon Marc Martí, administrador de Publiciutat, por solo 20 días. Tanto la Fiscalía como la acusación popular han aceptado la petición de absolución, que el tribunal sustanciará en su sentencia.

Martí facturó a la Fundación del Palau de la Música de forma "mendaz", según el escrito del fiscal, un total de 102.988,45 euros en 2006 -con una factura en junio y otra en diciembre- y otros 134.401 euros en 2007, con una factura en mayo y otra el 5 de septiembre.

Para el ministerio publico, el hasta hoy acusado estaba "concertado" con los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, sin que conste suficientemente que conociera el trasfondo de ilícitas influencias que determinaba la necesidad de contar con su "mendaz facturación".

En el marco de la investigación, no se pudo concretar cómo se hicieron llegar posteriormente los fondos facturados por Publiciutat a la "órbita de CDC", según reconocía el ministerio público.

El resto de cuestiones previas se conocerán el 8 de marzo próximo, en la tercera sesión del juicio, y que dará paso a las intervenciones de los encausados, esperadas con gran expectación, sobre todo las de los principales afectados: Millet y Montull.

El tribunal tiene sobre la mesa la solicitud de más prescripciones -por parte de los abogados defensores de otros acusados- y, entre estas, la del delito de tráfico de influencias de Osàcar. A estas peticiones sí se ha opuesto, hoy, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled al considerar que el extesorero de CDC y el resto de inculpados formaron parte de una conexión delictiva que duró varios años y causó un perjuicio para la sociedad en el contexto de la "financiación ilegal" de CDC.

Para Sánchez-Ulled, existe una conexión de delitos que integran un "proyecto único", por lo que cree que se debe acudir al plazo prescriptivo del delito más grave de entre los que les acusa. El fiscal ha rebatido la tesis de los exdirectivos de Ferrovial cuyo abogado alegó ayer que el patrocinio al Palau de la Música no causó un perjuicio ni para la sociedad ni para los socios de la entidad cultural.

"Esa conducta no aparece, evidentemente, en el marco de una relación comercial entre Ferrovial y el Palau de la Música, se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada (en alusión a CDC) y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palau de la Música", ha indicado.