España, atrapada en un «sudoku» jurídico entre China y Taiwán

Desde diciembre, España mantiene en prisión preventiva a los 269 miembros de una mafia china que estafaba por teléfono a sus compatriotas. Aunque se sospecha que los cabecillas de dicha organización son de China, más de 200 proceden de la isla de Taiwán , que permanece separada de Pekín desde el final de la guerra civil en 1949, cuando allí se refugió el Gobierno del Generalísimo Chiang Kai-shek tras ser derrotado por los revolucionarios comunistas de Mao Zedong. Desde entonces ha habido dos Chinas, que comparten la misma lengua y cultura pero están divididas por sus distintos sistemas políticos y el Estrecho de Formosa.

Con la mitad de la población de España en una superficie algo menor que Extremadura, Taiwán cuenta con su propio Gobierno, elegido democráticamente, su Ejército y su pasaporte, pero solo es reconocido por 22 Estados del mundo y no está presente en organismos internacionales como la ONU . Desde que fue expulsada de las Naciones Unidas en 1971, cuando su asiento fue ocupado por China continental, casi todos los países han cambiado sus relaciones diplomáticas por el régimen de Pekín debido a su auge de las tres últimas décadas.

Al ser Taiwán una economía muy desarrollada y con una mayoritaria clase media, sus ciudadanos pueden viajar al extranjero con menos necesidad de visado que los chinos continentales. Pero su Gobierno solo puede tener oficinas comerciales, y no embajadas, en otros países, lo que limita su capacidad de actuación en casos como este.

Aprovechando que España no reconoce a Taiwán como Estado, las autoridades de China continental han pedido la extradición de todos los detenidos , incluidos los de la isla, para juzgarlos en su territorio. Como Madrid y Pekín firmaron en noviembre de 2005 un acuerdo de extradición para todos los delitos salvo aquellos que prevean la pena de muerte, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero la deportación de todos ellos a China, lo que ha contrariado al Gobierno taiwanés.

En un comunicado oficial, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España «lamenta profundamente» esta decisión. Aunque el proceso judicial no ha concluido todavía y la Audiencia Nacional podría bloquear la deportación, Taiwán considera que la medida del Gobierno español «ignora el principio de nacionalidad, viola los derechos de los sospechosos taiwaneses y rompe con la tradición europea en defensa de los derechos humanos».

Tanto a las autoridades como a los familiares de los detenidos les preocupa que sean procesados en China continental, donde tendrán menos garantías legales que en Taiwán y podría caerles cadena perpetua porque los tribunales están al servicio del régimen del Partido Comunista y el 99,92% de los juicios acaban en condena . Haciendo oídos sordos a las críticas sobre su violación de los derechos humanos o la nula transparencia de su sistema judicial, Pekín insiste en sentar en el banquillo a todos los detenidos porque la estafa telefónica afectó a su territorio.

Además de dar un escarmiento a este tipo de mafias, el régimen chino quiere humillar públicamente al Gobierno de Taiwán demostrando su fuerza en el mundo. Antes, casos como este se resolvían deportando a los detenidos a sus respectivos lugares de origen. Pero China dejó de cumplir este acuerdo tácito tras empeorar las relaciones bilaterales con la subida al poder el año pasado de la nueva presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuyo discurso soberanista repele al régimen de Pekín. Por otra estafa similar, Kenia entregó en abril a China a 45 taiwaneses. Algunos incluso habían sido liberados por falta de pruebas, pero fueron expulsados por entrar ilegalmente en el país africano. Con las cabezas encapuchadas como si fueran terroristas de Guantánamo, las imágenes en el vuelo a Pekín indignaron al Gobierno taiwanés, que lo calificó de «secuestro ilegal». Desde entonces, 223 taiwaneses detenidos por fraudes telefónicos han sido deportados a China por países como Malasia, Camboya, Vietnam y Armenia.

En caso de que España finalmente entregue a los más de 200 arrestados taiwaneses, como se ha acordado, será la primera vez que lo haga una nación europea , lo que supondrá un gran éxito para el régimen chino en detrimento de Taipéi. Pekín también argumenta que los detenidos pueden irse de rositas en Taiwán al no haber allí pruebas contra ellos. Así ocurrió el año pasado, cuando 20 taiwaneses deportados desde Malasia fueron liberados de inmediato. Ante la indignación de las autoridades y víctimas chinas, posteriormente fueron arrestados de nuevo.

En medio del conflicto que enfrenta al régimen de Pekín con Taipéi desde hace casi siete décadas, tanto España como los detenidos taiwaneses han quedado atrapados en un “sudoku” jurídico.