La enmienda anti Senado del PSOE avanza sin informe de los letrados

Ayer se reunía la Mesa de la Comisión de Justicia, encargada de admitir las enmiendas presentadas a la Ley de reforma del Poder Judicial en la que a última hora del martes los socialistas colaron en forma de enmienda su propuesta para eliminar la capacidad de veto del Senado, donde el PP goza de una cómoda mayoría absoluta, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Un órgano presidido por la socialista Isabel Rodríguez, que junto a su compañero Artemi Rallo y el representante de ERC tenían mayoría frente a los dos representantes del PP.

Esa aritmética fue definitiva para que la enmienda fuese aceptada pese a que los populares defendieron la doctrina del Tribunal Constitucional, que apunta a la necesidad de que haya una conexión en el contenid o de la enmienda con la ley que se pretende enmendar. La enmienda, sin embargo, se aprobó sin que los letrados pudieran emitir un informe al respecto, como solicitaba el PP. «No se les ha dejado abrir la boca a los Letrados tras la petición de dos miembros de la Mesa de pedir un informe», denunció la portavoz del PP, Dolors Montserrat.

La presidenta de la comisión, Isabel Rodríguez, negó tajantemente que se les hubiese impedido hablar pero añadió que no lo hicieron. Sí reconoció que no permitió la posibilidad de que emitiesen un informe escrito: «Es lo habitual. Para lo que se ha votado no necesitábamos un informe», dijo Rodríguez en rueda de prensa. «Lo de hoy es un trámite absolutamente normal», justificó la diputada socialista, asegurando que los letrados «nos asisten y los requerimos ante un problema técnico», pero en esta ocasión «teníamos criterio suficiente como para saber que se trataba de una enmienda que estaba bien presentada».

En una comparecencia muy dura, Montserrat había calificado previamente el caso de «estafa, fraude y engaño» , acusando al PSOE de «eludir los trámites parlamentarios y lamentando que «se ha vuelto a aliar con los independentistas de ERC».

Montserrat acusó a la Secretaría de Estado de Comunicación de haber enviado «actas reservadas y no públicas de la Mesa del Congreso» para justificar su posición en este caso. Un envío que efectivamente se produjo a primera hora de la mañana y que recoge un precedente de 2014 en el que la Mesa del Congreso , pilotada entonces por la cómoda mayoría del PP, desechó por «improcedente» un recurso de IU alegando que aceptar o no una enmienda«pertenece al ámbito de la comisión sobre las que la Mesa del Congreso no puede ni debe entrar».

Precisamente eso lo que el Gobierno quiere que haga ahora la Mesa pilotada por Ana Pastor y en la que el PP y Ciudadanos sí cuentan con mayoría sobre PSOE y Podemos. Junto al Senado, este órgano de la Cámara Baja se ha convertido en el principal dique de oposición a los planes del presidente del Gobierno.

Montserrat demandó explicaciones al Ejecutivo y lo acusó de tener tics totalitarios: «Estamos en un inicio de Venezuela». Desde Ciudadanos, Ignacio Prendes criticó que son las exigencias de sus socios las que llevan al Gobierno «a cometer este auténtico fraude». Y confirmó que «en defensa de la institución y pidiendo que se repare este auténtico fraude» van a «recurrir ante la Mesa del Congreso». Exactamente lo mismo que hizo el PP. Ahí reside el conflicto.

El PSOE sostiene que es la Comisión de Justicia la competente ya en estos momentos y que Pastor «no tiene nada que decir», pero PP y Ciudadanos se amparan en el artículo 31 para asegurar que es la Mesa presidida por Ana Pastor la que puede ordenar todos los procedimientos. Será el martes cuando pueda haber una decisión al respecto, pero todo apunta a que se pedirá un informe a los letrados de la Cámara, con lo que al menos se dilatará los planes del Gobierno.

Ambos bloques se cargan de razones jurídicas y acusan al otro de forzar el reglamento. Pero uno de los argumentos que podrían esgrimir PP y Cs es el de la «duplicidad legislativa» como forma de presentar este caso como único. Y es que además de esta enmienda, el PSOE tiene la vía abierta de la propia ley de reforma de la ley de Estabilidad, lo que desmiente que la cuestión esté bloqueada.