Dinero público al servicio del insulto y la provocación

En estos casi tres años de gobiernos populistas participados por las franquicias de Podemos, también han abundado las salidas de tono verbales. En la lista de polémicas y provocaciones , el Estado de Derecho y la religión católica aparecen como objetivos recurrentes.

La esperpéntica Cabalgata de Reyes con la que se estrenó la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, fue reveladora. Al año siguiente, su homóloga barcelonesa, Ada Colau, desató la indignación en la entrega de los Premios Ciudad de Barcelona: para adornar el acto, fichó con fondos municipales a la poetisa Dolors Miquel, que puso el verso al servicio de la blasfemia con su composición titulada «Mare nostra». Incluyó lindezas del tenor «Madre nuestra que estáis en celo, sea santificado vuestro coño» o «hágase vuestra voluntad en nuestro útero».

El reciente pregón del Carnaval de Santiago de Compostela ha generado también otra ola de indignación. El pregonero, el actor Carlos Santiago, se refirió a «los huevos» del Apóstol, habló de la Virgen del Pilar practicándole una felación al santo, y en su relato no faltó la palabra puta, según relataron varios testigos. El Ayuntamiento que preside Martiño Noriega -de la coalición local de izquierdas participada por Podemos- pagó 2.500 euros por el acto inaugural del Carnaval, en el que se incluyó el pregón.

En La Coruña, donde gobierna Marea Atlántica -la amalgama local de izquierdas, nacionalismo y Podemos-, su concejal de Cultura tuvo que declarar como imputado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, pero el caso acabó archivado. El motivo: el dibujo caricaturizado del Papa que lucía en los carteles que anunciaron el carnaval del año pasado.

La órbita de Podemos muestra una sensibilidad muy dispar según la religión de la que se trate. Esos vapuleos al catolicismo contrastan con la mesura hacia otras confesiones. Un botón de muestra, las subvenciones que otorgó el gobierno de Manuela Carmena a principios de 2016: repartió 300.000 euros entre el Ramadán y el Año Nuevo Chino, mientras que la Semana Santa tuvo que conformarse con 178.000 euros. Atendiendo a la representatividad social de esos colectivos en Madrid, la proporción a la que salían esas subvenciones fue reveladora: tres euros por chino , medio euro por musulmán y tan solo cinco céntimos por católico .

La provocación también ha encontrado frecuentes argumentos a vueltas con el sexo y las drogas. Los casos más recientes, la polémica guía sobre el consumo de drogas patrocinada con 1.967 euros por el Ayuntamiento de Zaragoza, y el curso de masturbación lanzado en Torremolinos (Málaga). En la financiación del curso participa la Junta de Andalucía. No es un episodio aislado. En Andalucía abundan otros casos similares con el sexo y la masturbación como argumento «divulgativo» a golpe de talonario público.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad, el orden público e incluso el terrorismo ocupan también lugar destacado en el particular catálogo de provocaciones que acumula el populismo. En enero de 2016, el PP barcelonés denunció que el gobierno de Ada Colau, en navidades, había pagado 5.400 euros más IVA a un grupo musical para una actuación infantil a pie de calle. Y el repertorio musical incluyó la canción «Sarri, sarri», cuya letra ensalza la fuga de un preso etarra .

El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona subvencionó con 12.000 euros y cedió instalaciones municipales a los organizadores de la «Feria de libros e ideas radicales, Literal 2017», que tuvo como figura invitada a Leila Khaled, la primera mujer que participó en el secuestro de un avión por parte de un comando terrorista palestino -ocurrió en 1969-. También el año pasado, la oposición criticó a la alcaldesa de Barcelona que se hubiera invitado a un congreso sobre redes sociales a César Strawberry, cantante del grupo «Def con Dos», condenado a un año de prisión por enaltecer el terrorismo .

Polémico fue también el entusiasta apoyo del gobierno de Carmena al joven Alfonso Fernández «Alfon», condenado a cuatro años por ser sorprendido con una mochila cargada de explosivos durante la huelga general del 14-N de 2012. Y en Zaragoza, Santisteve protagonizó otra polémica al negarse a votar una moción para condenar el ataque sufrido en Alsasua (Navarra) por dos guardias civiles y sus parejas. El gobierno municipal de Santisteve prefirió criticar la «presencia desmedida» de guardias civiles en Navarra. En marzo de 2016, tras los sangrientos atentados que sufrió la capital belga en marzo de 2016, el alcalde zaragozano explicó el terrorismo yihadista como una consecuencia de «la violencia sembrada» por Occidente . Santisteve se cuenta entre los políticos mejor pagados de Aragón, con 75.750 euros brutos al año, y saltó a la actualidad nacional cuando, al poco de convertirse en alcalde, cargó como gasto de representación el recibo de un bote de acondicionador para el pelo.

Los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza también intentaron poner dependencias municipales al servicio del independentismo catalán. Esa utilización de recursos públicos contra la Constitución y el Estado de Derecho fue truncada por la Justicia. Pero ha sido notorio el flirteo populista con el secesionismo. Mientras tanto, ante la indignación de los sindicatos policiales, el gobierno zaragozano de Santisteve patrocina las «fiestas antirrepresivas» organizadas por colectivos próximos a IU y Podemos. Esos grupos identifican a los cuerpos y fuerzas de seguridad como pieza de las «políticas represivas del Estado». Tanto la «fiesta antirrepresiva» de 2016 como la de 2017 se celebraron en un solar municipal cedido para la ocasión.

Reportaje elaborado con información de M. Moguer (Andalucía), A. Cabeza (Cataluña), Z. Rial (Galicia) e I. Serrano (Madrid)