Dignidad y Justicia lleva a Fiscalía casi 90 indicios para ilegalizar a Bildu

En el informe la asociación recuerda los argumentos que el TC incluyó en la sentencia en la que el pasado 20 de junio permitió la inscripción de Sortu como partido político y la enumeración de conductas que, según el alto tribunal, podrían conducir a una futura ilegalización.

Un primer punto del informe hace referencia a la equiparación de víctimas del terrorismo con víctimas en enfrentamientos policiales y el intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y sus asesinos, a la que aludió el TC en su sentencia.

Dignidad y Justicia sitúa en ese contexto la toma de posesión del diputado general del Guipúzcoa, Martín Garitano, en la que llevó una insignia en la solapa con el número de preso de Arnaldo Otegi , y la retirada del cuadro del rey del salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián el pasado 25 de junio.

En esa misma causa de ilegalización habría incurrido Amaiur , según Dignidad y Justicia, cuando el pasado 27 de junio «equiparó a unas víctimas con otras» en Guernica, durante un acto alternativo al homenaje a las víctimas de ETA convocado en el Congreso, en el que expresó su «más sincero pesar» y su reconocimiento a las víctimas de «todas las manifestaciones de violencia».

También incluye, entre otras, las declaraciones de Martín Garitano sumándose a las reivindicaciones de presos de ETA y la actuación de los ediles de Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria cuando en agosto de 2011 invitaron a representantes de Etxerat y recibieron «con efusividad» a familiares de reclusos etarras .

Otro de los límites marcados por el Constitucional que a juicio de Dignidad y Justicia habría vulnerado Bildu es «otorgar al terrorismo una legitimación, especialmente si la misma está proyectada a su justificación como medio necesario para alcanzar o avanzar en la consecución de objetivos políticos».

En este sentido, el informe menciona otra veintena de conductas de Bildu, como la justificación del tiroteo de un gendarme en Francia el pasado 25 de abril, al que se refirió como un incidente, además de las declaraciones de Iñaki Antigüedad el pasado 23 de abril cuando dijo que nunca se le iba «a pasar por la cabeza pedirle a ETA la disolución».

Como ensalzamiento de los terroristas, Dignidad y Justicia califica la conducta del exsecretario de Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián, Josetxo Ibazeta, que presuntamente increpó y amenazó a unos aficionados que celebraban la victoria de España en la Eurocopa de fútbol, a quienes gritó «Gora ETA militarra».

Asimismo, enumera las actuaciones de los representantes de Bildu durante las fiestas de varios municipios del País Vasco y Navarra, en las que se han organizado en 2011 y 2012 actos y homenajes a presos de ETA.

Otro comportamiento que para esta asociación es un claro ejemplo de enaltecimiento, siguiendo la doctrina del Constitucional y del Tribunal Supremo, es considerar a los presos etarras, presos políticos. Un planteamiento que, señala, ha mantenido Bildu e incluso Amaiur, y cita como ejemplo las declaraciones del diputado de esta última formación Iker Urbina, que en la comisión de Interior del Congreso el pasado 31 de enero habló de los presos de ETA como presos políticos.

Las peticiones de Bildu y Amaiur para que se derogue la «doctrina Parot» son otros indicios aportados por Dignidad y Justicia para demostrar la «incitación al incumplimiento de leyes democráticas».

Además, recuerda que, según el informe del Observatorio contra la impunidad de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Bildu ha nombrado como cargos o asesores en los ayuntamientos que gobierna a una veintena de miembros de la ilegalizada Batasuna y su entorno, con lo que ha incumplido también lo establecido en la Ley de Partidos