Los desafíos del Gobierno: El poder y el ciudadano

Cualquier ciudadano con capacidad para pensar puede hacer su particular «lista de agravios» padecidos en los últimos años, individual o colectivamente, y deducir que la gravedad de la situación en que hoy se encuentra España va más allá del desastre económico y la degradación moral , afectando a la esencia y principios del régimen de convivencia democrático que nos dimos con la Constitución de 1978.

El intento de instaurar un falaz régimen presidencialista concebido y sustentado en la anulación de la división de poderes del Estado, con un Parlamento subordinado al mandato de los partidos y un Poder Judicial sometido y dependiente de las fuerzas políticas, es más grave para un país, en el sentido institucional, que una crisis económica, con todo lo que pueda arrastrar la riada, porque es en el ámbito de las Instituciones donde han de resolverse los problemas a fin de no pervertir la esencia de la democracia que, recordemos, se sustenta en principios tales como la separación de poderes, el respeto a la soberanía popular y la independencia judicial .

Si desde el Ejecutivo se pretende dominar al Legislativo y al Judicial nos encontramos en una dictadura, con el apellido que quiera ponérsele. Así, cuando los componentes de las Cámaras legislativas que representan a los ciudadanos son meros amanuenses que sólo obedecen y reciben órdenes de quienes les han incluido en las listas electorales, olvidándose del interés general y promulgando «leyes propaganda», «leyes espectáculo» o «leyes de conveniencia» estafan a la soberanía popular; y cuando el Poder Judicial, su gobierno, es elegido por los partidos políticos según la «cuota de las mayorías» deslegitimando el contenido del art.122.3 de la Constitución, para poder designar discrecionalmente —cuando no de forma arbitraria—, a magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, avalado todo ello por un Ministerio Fiscal sujeto a la dependencia jerárquica de sus miembros y cuyo Fiscal General se elige por el gobierno en razón a su partidismo ideológico y obediencia debida, la independencia de la justicia desaparece situándose en una «zona de riesgo» que exige la urgencia de un rescate democrático. Por no citar a un Tribunal Constitucional convertido en «tribunal político», en el sentido más perverso del término, de cuyo desprestigio son responsables tanto los poderes públicos como sus propios componentes.

La lucha contra el paro, la reactivación de los mercados o la batalla contra la corrupción política y económica son de una necesidad y urgencia extremas. Pero las medidas necesarias solo cabe tomarlas en el marco de unas instituciones democráticas regeneradas, con un gobierno creíble por sus acciones y no solo por sus discursos, un Poder Legislativo que imponga coherencia en el ordenamiento jurídico y busque la mejoría social de todos los ciudadanos, y una Justicia independiente que nos aporte la necesaria seguridad jurídica, sujeta a la Constitución y a la Ley.