Las defensas de los presos descartan un pacto con la Fiscalía

No es «ni posible ni deseable», aseguró Xavier Melero , abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Los delitos de rebelión y sedición tienen aparejadas penas de prisión tan altas -entre 15 y 25 años en el primer caso, y hasta 15 en el segundo- que no tendría sentido buscar una pequeña rebaja y sería mejor que la cuestión se dirima en juicio. Tampoco lo verían factible en cuanto al delito de malversación porque las cantidades a devolver serían desorbitadas. «Condenaría a mis representados a la ruina perpetua y segura. Es un horizonte absurdo», añadió el letrado. Y, en el caso del delito de desobediencia también sería « inimaginable » el acuerdo. No tendría ninguna lógica pues la condena se limitaría a una simple inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, como en el caso está personada una acusación particular -el partido Vox-, el tribunal podría agarrarse a la petición de pena que éstos pidan y no a la de un hipotético pacto con la Fiscalía.

Andreu Van den Eynde , abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva , esgrimió otra razón para descartar un pacto. Les impediría recurrir una sentencia condenatoria ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo . En el caso de este letrado, se intención es llegar hasta esta instancia europea «aunque sea por una condena de multa».

Los letrados de los nueve presos trataron de escenificar ayer una imagen de unidad en esta rueda de prensa conjunta en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Además de Melero y Van den Eynde, participaron Jordi Pina -abogado de Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull-, Marina Roig -letrada de Jordi Cuixart-, Olga Ardediu -de Carme Forcadell- y Mariano Bergés, letrado de Dolors Bassa. Cada uno tiene su propia estrategia de defensa pero ayer coincidieron en unos « mínimos comunes ».

Se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para presentar ante el Tribuna Supremo recursos -de forma individual- para pedir la libertad de los líderes independentistas encarcelados ante el nuevo escenario que abre el hecho de que el Tribunal de Scheleswig -Holstein (Alemania) haya descartado la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión y solo la acepte por malversación. Coinciden, por tanto, en que sus clientes «no han cometido ningún delito que justifique que estén en prisión », según explicó Marina Roig, y en que la decisión del tribunal alemán debería hacer replantear al Supremo el delito de rebelión.