La defensa de Villarejo: «Si él es un delincuente, más delincuente es el Estado que se lo permitía»

A lo largo de más de cuatro horas de exposición, el letrado Antonio José García Cabrera ha pedido la nulidad de actuaciones, desde las entradas y registros hasta el material intervenido -al que reclama acceso íntegro-, la expulsión de Podemos como acusación popular y la suspensión del juicio o el enjuiciamiento conjunto de los delitos menores que ahora llegan ante el tribunal con los graves que se siguen investigando , el primero, organización criminal. Lo ha hecho enunciando una larga lista de vulneraciones de derechos de su cliente y todo, con el mismo hilo conductor del amparo de que gozaba el comisario para todas sus actuaciones.

« Si alguien tendría que haber sido perseguido son los dirigentes , las personas que le dieron las instrucciones para hacer lo que hizo en defensa de los intereses del Estado. Se está juzgando a Villarejo por la punta del iceberg para condenarlo pero se ha dejado pasar una oportunidad importante para analizar qué ha pasado en estos años en nuestra inteligencia y la forma de actuar en el Estado. Si el señor Villarejo es un delincuente, el Estado que le mandaba es mucho más delincuente», ha señalado.

Según ha alegado, desde el inicio de la investigación se le ha «ocultado un material que no sólo serviría para justificar la defensa de Villarejo«, sino que « demostraría realmente cuál es su participación y razón de ser en los servicios del Estado y por qué es así, por qué estuvo vinculado al CNI y a diez ministros del Interior«, pero en lugar de eso, »se ha investigado a Villarejo como la punta del iceberg« y mirando, además, »solo las actividades que le puedan perjudicar«.

Y aunque considera todo el material que se le intervino es nulo porque la causa «está viciada» desde el inicio y las entradas y registros no se ajustaron a derecho, ha dedicado parte de la exposición a pedir en concreto que se expulsen los audios, en línea con la argumentación elevadas por defensas como la de Enrique García Castaño . Entiende «si hay cohecho y están hechas por un policía no pueden ser un medio de prueba válido», tampoco de ese cohecho.

Ha reivindicado en este punto su papel en causas como Astapa, Malaya y Gürtel que, conforme ha señalado, fue el mismo que la Operación Cataluña o Kitchen, aunque sea esta la única por la que se ha abierto una pieza separada en la Audiencia Nacional. Y todo, ha señalado, desde su entramado empresarial, el Grupo Cenyt. La cuestión es que esto, como parte de la presunta organización criminal, no se juzga ahora sino sólo tres encargos puntuales para un despacho de abogados, una familia adinerada y unos amigos empresarios. Son delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y extorsión.

Para el letrado, «es imposible juzgar estos delitos ordinarios sin atender a lo anterior sin causar indefensión» y de ahí, su empeño en introducir en las cuestiones previas documentación como las cartas de los exdirectores Adjuntos Operativos que mandaron sobre Villarejo y que dieron la cara por él al inicio de la causa en la Audiencia Nacional, aunque luego a la hora de declarar, se matizaron.

«Se nos tiene que permitir probarlo todo porque no puede haber cohecho si estaba autorizado a tener una estructura empresarial y no puede haber delito en Cenyt, si era una estructura empresarial al servicio del Estado. ¿Quién se puede creer que una empresa con sede en el centro de Madrid, operando con 10 ministros del Interior, no era conocida por la Fiscalía Anticorrupción y sus compañeros policías?», ha planteado.

Y sobre esos «compañeros», crítica directa a que sea la Unidad de Asuntos Internos quien gobierne la causa como policía judicial porque entiende que con esa decisión se ha permitido «que el propio Estado se investigue a sí mismo». «Asuntos Internos es el poder Ejecutivo investigando al poder Ejecutivo a las órdenes de Marlaska» , ha asegurado.

En su opinión, esta es «una causa para destruir a Villarejo» a golpe de «gravísimas irregularidades de la instrucción que han violentado su derecho de defensa y vulnerado presunción de inocencia». «Vamos a acreditar que se ha hecho un derecho penal de autor, no del hecho. Se ha perseguido a una persona que se considera un enemigo al que hay que aniquilar y por eso han volado por los aires las garantías», ha añadido.

Mención aparte, la referencia específica a Podemos. Si ya Villarejo llegaba por la mañana al tribunal lanzando un recado a la otrora coordinadora del equipo legal y actual diputada Gloria Elizo, de quien ha dicho que en tiempos trabajó para él como abogada, en su intervención García Cabrera ha reivindicado su expulsión como acusación popular de la causa por «la sospecha» de que hacen un uso político del caso «con ventajas electorales». Ha reclamado, de nuevo, que se incorporen los chats en los que la actual letrada en la causa, Marta Flor, compartía con sus compañeros información que alardeaba de haber obtenido de uno de los fiscales.

Tal y como había anunciado también Villarejo a los medios, su intención era tomar la palabra para asumir parte de la exposición de las cuestiones previas. Sin embargo, cuando su letrado ha avanzado en la Sala que a continuación le daría la palabra para rematar, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha puesto freno: «Ya le he dicho y se lo vuelvo a repetir. Que o el señor Villarejo o usted. Al alimón, no».

García Cabrera ha formulado protesta y ha preguntado al comisario, que se sienta con él porque formalmente, ejerce de codefensor, quería trasladar algo más. El resultado, una frase: «Pretendía decir que ya desde 2016 podía conocer quién era el instructor de la causa con anterioridad a su detención y que en todo ese material intervenido y sustraído a su defensa consta manifiestamente clara no solo la intervención y conocimiento del CNI en esta causa sino la propia preordenación de la causa desde el momento inicial, incluso con la intervención de un determinado instructor e incluso el apartamiento del anterior». El juicio se reanudará el próximo 26 de noviembre.