La crisis y el colapso endémico de los Tribunales lastran el nuevo año judicial

Tal y como reflejan las encuestas (la última, anteayer, del Consejo General de la Abogacía), la credibilidad en la Administración de Justicia se encuentra bajo mínimos. Según el CIS, siete de cada diez ciudadanos creen que su funcionamiento no resuelve adecuadamente sus problemas. La ven lenta e inoperante. Además, las instituciones judiciales se encuentran entre las peor valoradas por los encuestados, según los mismos barómetros.

Este año concluirá con la entrada en los tribunales de tres millones de asuntos más que hace una década. En concreto se registrarán 9.384.389 casos, de los que cerca de seis millones se dirimen en la jurisdicción penal. La planta judicial existente (4.689 jueces y magistrados) no da abasto —especialmente desde el inicio de la crisis, en agosto de 2008—, por lo que sectores de la judicatura consideran necesario que entren en la carrera al menos 569 profesionales más. La mayor carga de trabajo se soporta en «las trincheras», es decir, en los Tribunales de Primera Instancia e Instrucción, donde se detecta el auténtico «embudo» de la Justicia.

El impacto de los tres años de crisis se ha dejado ver especialmente en los ámbitos Mercantil, Social, Civil y Contencioso-Administrativo. En concreto, estos juzgados se han reforzado con 312 profesionales. Una muestra muy significativa de la «entrada» de la crisis en los juzgados es el incremento del 218% de los concursos de acreedores (la antigua suspensión de pagos). En el primer trimestre de 2008 se solicitaron 666 declaraciones, mientras que en el primero de este año fueron 2.109. Además, los procesos monitorios por reclamación de cantidades inferiores a 200.000 euros aumentaron un 88 por ciento, y en la jurisdicción Social los procedimientos por despido improcedente se dispararon un 55 por ciento, también desde el comienzo de la crisis. Las estimaciones para finales de 2011 apuntan a una ligera mejoría en todas las jurisdicciones, excepto la Penal, donde se prevé que aumenten los asuntos por los efectos colaterales de la crisis.

El Gobierno ha invertido 400 millones de euros para «modernizar» la Justicia. Sin embargo, el colectivo considera que el destino que se ha dado a este dinero no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, ya que la mayoría ha sido destinado a informatizar el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales recuerdan que la verdadera masificación y la falta de medios se encuentra en los Juzgados de Primera Instancia, donde hay millones de usuarios. La puesta en marcha de la nueva oficina judicial tampoco ha solucionado los problemas: en los escasos metros cuadrados que ocupa un juzgado siguen gobernando al menos tres administraciones púbicas (CGPJ, Ministerio de Justicia y la comunidad autónoma en cuestión). La ineficiencia de la gestión queda reflejada en un dato curioso: en España hay un gasto en Justicia de casi 90 euros por habitante, muy por encima de los 40 euros de media europea. El malestar es patente entre los miembros de la carrera judicial. De hecho, asociaciones como Foro Judicial Independiente ha decidido plantar al Gobierno en la Apertura del Año Judicial por el «menosprecio continuo» hacia los jueces y el incumplimiento de las promesas por parte del Ministerio.

En lo que todos los miembros del colectivo judicial parecen estar de acuerdo es en que el Gobierno que resulte elegido en noviembre «debería tomarse la Justicia como algo prioritario» para superar sus males endémicos. «Invertir en Justicia es invertir en seguridad jurídica», sostienen. Por ello consideran necesario reactivar el frustrado Pacto de Estado que PP y PSOE suscribieron en las legislaturas de José María Aznar para superar la endémica situación que arrastra la Justicia española. Junto con este pacto, habría que recuperar, señalan, el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1881 y cuyo anteproyecto llegó a aprobar el Consejo de Ministros antes del verano. De hecho, el Gobierno confiaba en que la reforma viera la luz esta legislatura, pero ha decaído tras el adelanto electoral. Los ejes principales de esta conflictiva reforma que ha quedado en dique seco antes de nacer eran dejar la instrucción en manos del fiscal, limitar la acusación popular y establecer medidas para evitar las llamadas «penas de telediario».

Son numerosos los juristas que destacan que mientras el nombramiento del fiscal general del Estado dependa del Gobierno, la independencia del Ministerio Público seguirá en entredicho. Por ello abogan por una reforma constitucional o, como mínimo, una mofificación del Estatuto Fiscal que refuerce la autonomía del colectivo en el ejercicio de sus funciones. La actuación del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha estado permanentemente cuestionada por la oposición al Gobierno, especialmente durante la anterior tregua de ETA, cuando llamó «hombre de paz» al batasuno Arnaldo Otegi.