El coronel que recibió a Gali en Zaragoza destapa que se infringieron las normas de fronteras del Ejército

Por su parte, un capitán de la Base ha desvelado que fue precisamente este coronel el que dirigió la entrada clandestina de Gali. Lo hizo a pie de pista , como máximo oficial al mando en ese momento, pero vestido de paisano, lo que es notoriamente anómalo . Mientras tanto, la Fiscalía ha cambiado de criterio, ha dejado de apoyar la investigación judicial y se ha sumado a la estrategia de la Abogacía del Estado para exigir el sobreseimiento completo de la causa y, por ende, la inmediata desimputación de la exministra socialista Arancha González Laya.

El juez Lasala abrió esta investigación el 31 de mayo del año pasado, apenas mes y medio después de esa entrada clandestina de Gali, que se produjo el 18 de abril y que a los pocos días fue destapada por los medios de comunicación, lo que desató una grave crisis diplomática con Marruecos. Gali, protegido por Argelia, es el máximo responsable del Frente Polisario, enemigo militar de Marruecos y que exige la independencia del Sahara Occidental , el antiguo Sahara español.

Estas diligencias judiciales investigan la entrada de Gali por apreciar indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento. Este documento confirma lo que apuntó hace meses el general José Luis Ortiz-Cañavate , que testificó que se habían infringido los procedimientos establecidos para el control de fronteras, y que dicha infracción fue ordenada por el Estado Mayor del Aire, que actuó como cooperador en esta operación clandestina activada por el Gobierno desde la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido entonces por la socialista Arancha González Laya.

El juez Lasala imputó por estos hechos tanto a Laya como a quien en ese momento era su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino . Éste fue quien cursó las instrucciones al Estado Mayor del Aire, a través de mensajes de WhatsApp que también constan en las diligencias.

La Base de Zaragoza fue el lugar elegido por el Gobierno para la entrada furtiva de Gali en un avión de la Presidencia de Argelia . Gali era buscado desde hacía tiempo por la Audiencia Nacional, que lo investigaba por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros. La última orden de localización de Gali que dictó la Audiencia se emitió el 13 de abril de 2021 , solo cinco días antes de que el saharaui fuera introducido clandestinamente por el Gobierno para tratarlo de Covid en el hospital público de Logroño.

El juez vio indicios de delito en esa entrada furtiva, entre otros motivos, por no respetar las obligaciones que marca las leyes de fronteras y la normativa del espacio europeo Schengen. La Abogacía del Estado, designada por el Gobierno para defender a Laya y Villarino, ha sostenido que sí era posible la excepción legal para el acceso sin ser sometidos a control de fronteras. Pero, ahora, el documento aportado por la Base de Zaragoza a instancias del juez Lasala destapa que su normativa de obligado cumplimiento no contempla excepción alguna al respecto, lo que refuerza la tesis de que se infringió a conciencia y con premeditación la legalidad vigente, supuesto en el que se asienta el delito de prevaricación.

El documento lo ha aportado al juez el coronel Ignacio Asensi Catalán, actual jefe interino de la Base de Zaragoza , que era segundo jefe cuando entró Gali. De hecho, su nombre –que hasta ahora no figuraba en este caso judicial– ha pasado a figurar en las diligencias como uno de los protagonistas de aquella operación clandestina. Según el capitán José Fernández Prados , que cuando aterrizó Gali (18 de abril de 2021) era el oficial de vuelos de la Base, el coronel Asensi dirigió personalmente la recepción del líder del Polisario. Lo hizo a pie de pista y de paisano, extraña circunstancia en una instalación militar, en un operativo de primer orden y, además, ejerciendo como segundo jefe de la Base Aérea.

Fue un sanitario de la ambulancia riojana que acudió a recoger a Gali el que desveló que la persona que llevaba la voz cantante en la Base era un hombre de paisano. El juez, a instancia de las acusaciones, pidió identificar a ese individuo aparentemente civil, que se especuló con que era un agente de incógnito, quizás de servicios secretos o de inteligencia. Sin embargo, la Base, por boca de ese capitán, asegura que ese individuo de paisano era, en realidad, el coronel Asensi, el mismo que ha aportado el documento que evidencia que se saltaron el protocolo del Ejército del Aire en el que se marca cómo debe actuar la Base para controlar a todo pasajero que llegue de un país no miembro del espacio Schengen.

El documento que el propio coronel aporta no deja lugar a dudas. No prevé ninguna excepción. Es nítido al establecer que todo vuelo que aterrice procedente de fuera de Shchengen –caso de Argelia– exige un riguroso control de fronteras del que se encargan los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están destacados, para tal fin, en el aeropuerto civil con el que comparte servicios la Base militar.

Este documento detalla que debe avisarse «con antelación suficiente» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de «los horarios de salida y entrada del personal que aterrice en la Base Aérea de Zaragoza». E indica que son las fuerzas de seguridad las que deben autorizar y registrar la entrada de esos pasajeros en suelo español, previa inspección de sus documentos y efectos personales. «Cada persona individualmente con su pasaporte y equipaje pasará control de pasaporte y de aduana» , el primero a cargo de la Policía Nacional y el segundo ejercido por la Guardia Civil. Nada de esto se hizo con Gali y sus acompañantes. Además, Gali fue encubierto con documentación falsa.

El abogado Antonio Urdiales, que ejerce la acusación particular, considera que estos nuevos datos que han aflorado confirman que se incurrió en prevaricación, por lo que entiende que las diligencias deben seguir adelante, en contra de lo que insistentemente viene reclamando la Abogacía del Estado. Urdiales va a pedir que sea llamado a declarar el coronel que dirigió, de paisano, la entrada de Gali en la Base de Zaragoza.

Hace un par de semanas, tras casi diez meses de investigación, el juez Lasala desimputó a Villarino y dejó entrever un próximo sobreseimiento completo de la causa. De momento, sigue imputada la exministra González Laya, aunque en aquel mismo auto el juez entendía que no era posible mantener la acusación por los presuntos delitos de falsedad y encubrimiento, sí –de momento– por prevaricación.

Ese auto del juez Lasala que desinfla la causa ha sido recurrido por Urdiales ante la Audiencia de Zaragoza, recurso al que ya se han opuesto la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que ahora actúan de forma coincidente para pedir que se dé carpetazo a esta investigación.

La posición de la Abogacía no es novedad, porque lleva manifestándola desde que asumió la defensa de Laya y Villarino. Pero sí es significativo el giro dado por la Fiscalía , que ha pasado a apostar por el sobreseimiento después de haber llevado la contraria a la Abogacía del Estado para exigir que se siguiera investigando. Entonces sí apreciaba indicios de delito. Ahora, no. Y todo ello coincidiendo con el nuevo contexto político abierto por el polémico paso que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez para congraciarse con Marruecos –al que irritó al trascender que había acogido a su enemigo Gali– y alinearse con la posición de Marruecos sobre su dominio sobre el antiguo Sáhara español .

El recurso de apelación presentado por el fiscal Juan Pablo Fraj, al que ha tenido acceso ABC, entiende que no hay «prueba» de que la entonces ministra Laya supiera, al activar la entrada clandestina de Gali, que el saharaui tenía causas penales abiertas en la Audiencia nacional. En un largo escrito de doce folios, el fiscal despliega una profusa argumentación para concluir que «la conducta atribuida [a Laya] no reúne los elementos objetivos y /o subjetivos exigidos por el tipo penal» de la prevaricación.