Pedro Sánchez se blinda penalmente en el caso Gali con la ley de Secretos y el mutismo de Laya

Los ejemplos de opacidad abundan en el Gobierno de Sánchez , que presumía de cristalino y ya ha batido todos los récords al incumplir más de 1.200 veces la Ley de Transparencia . El caso Gali constituye un relevante paso en esa estrategia de la ocultación , al punto de haberla incorporado –con éxito– ante el juez que ha investigado el caso Gali.

A la Abogacía del Estado no le ha fallado el hermetismo de la exministra González Laya, que era esencial par proteger a Sánchez. Y también le ha funcionado esgrimir en una causa penal la ley de Secretos Oficiales para impedirle que un juez acceda a información clave para la investigación de supuestos delitos cometidos por miembros del Gobierno. Dijo la abogada designada por el Ejecutivo –y le ha funcionado en la práctica– que el secreto que protege la acción del Gobierno está por encima del imperio de la ley que administran los jueces. Todo lo que sea materia reservada a secreto oficial está al margen de la Justicia. Así lo dijo, por escrito, ante el juez Lasala: «La limitación propia de estas materias alcanza a todas las autoridades y poderes públicos, incluidos los juzgados y tribunales».

El juez Lasala vio claros indicios de delito en la operación clandestina que urdió y ejecutó el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali, que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional por delitos tan gruesos como el genocidio, el terrorismo y las torturas, entre otros . Gali fue introducido de forma furtiva el 18 de abril del año pasado, con la cobertura del Estado Mayor del Aire y de agentes del Ministerio del Interior, protegido por el Gobierno, provisto de documentación falsa, con identidad encubierta y saltándose los controles de fronteras para no dejar constancia de su entrada en España, lo que –entre otras cosas– permitía mantenerlo al margen de la Justicia.

En esa concatenación de irregularidades, el juez Lasala vio indicios notables de los delitos de falsedad – pasaporte falso –, prevaricación –el Gobierno ordenó que no pasara los preceptivos controles de fronteras– y encubrimiento –introducirlo clandestinamente para que eludiera la acción de la Justicia en las causas que tenía pendientes en la Audiencia Nacional–.

Ahora, tras diez meses de investigación, el juez destila frustración y resignación en el auto que se conoció ayer lunes . El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, parece ganarle el pulso, salvo que se produzca un giro de útlima hora en las diligencias. El juez lo admite, a veces abiertamente, en su último auto. Por ejemplo, cuando llega a decir que la más elemental de las lógicas y la secuencia de los hechos hacen que sea evidente que esa operación clandestina tuvo que ser liderada por el presidente Sánchez. Explica el juez que solo eso explicaría que varios ministerios actuaran de forma coordinada en esa introducción furtiva de Gali. Solo quien está por encima de los ministros puede propiciar que entre ellos se concierten en una operación de este calibre y con estas consecuencias políticas –la acogida clandestina de Gali en España desató una severa crisis diplomática entre España y Marruecos, que aún se arrastra, dada la beligerancia del Polisario contra el reino alauí–.

El hilo del que tiró el juez Lasala le llevó hasta la entonces ministra de Asuntos Exteriores, la socialista Arancha González Laya, y quien era su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino. Admitieron que fueron ellos quienes se encargaron de poner en marcha la operación y de coordinarla con la cúpula del Ejército del Aire, para que Gali entrara discretamente, ajeno a los controles de pasaportes, a través de la Base militar de Zaragoza, lugar elegido para que aterrizara el avión de la Presidencia de Argelia en la que llegó el líder del Polisario. La acogida en España fue pactada previamente entre el Gobierno de Sánchez y el régimen argelino, con el que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos abonan relaciones con su estratégico gas como telón de fondo.

En cuanto Laya y Villarino fueron imputados, el Gobierno les procuró asistencia letrada gratuita. Hacía meses que Laya había salido del Gobierno , y Villarino con ella. Pero el Ejecutivo no vio inconveniente en poner a su servicio a la Abogacía del Estado, lo que ha dejado claro que seguían estando bajo la protección gubernamental. Ese amparo era parte esencial para cultivar el silencio de Laya que, junto a la ley de Secretos Oficiales, resulta esencial para cortar el hilo del que estaba tirando el juez, cortocircuitar la investigación y que no alcanzara al presidente ni a evidencias punibles más sólidas.

Laya fue destituida fulminantemente por Sánchez en la remodelación que llevó a cabo en julio de 2021, apenas tres meses después de que hubiera coordinado la operación clandestina en beneficio de Gali. Algunos creyeron que ese brusco cese de Laya podría hacer que la exministra se sintiera liberada para contar toda la verdad el caso Gali y no arriesgarse a cargar con la culpa penal. Pero la aparición de la Abogacía del Estado como defensa particular de Laya y de Villarino evidenció desde el principio que ese nexo de lealtades entre la exministra y el presidente Sánchez no se había roto.

González Laya no se ha apeado del hermetismo en ningún momento. Muestra de ello fue el tenso cara a cara que llegó a protagonizar con el juez Lasala cuando tuvo que testificar ante él como imputada. Incluso hubo un momento, meses atrás, en que el fiscal se desmarcó de esa estrategia de cerrazón desplegada por la abogada designada por el Gobierno , que llegó a exigir al juez que impidiera a los periodistas informar libremente sobre las diligencias.

El juez todavía no ha tirado totalmente la toalla, pero gran parte de ella ya la ha dejado reposar en el suelo: ha exonerado por completo a Villarino, considera a Laya a salvo de los delitos de falsedad y encubrimiento y, aunque todavía no la ha desimputado por completo, apunta a que puede estar próximo el carpetazo total al caso. Admite que no tiene suficientes indicios para proponer su procesamiento por prevaricación, a falta de unas últimas diligencias que, salvo sorpresa probatoria, pueden ser la antesala del sobreseimiento de las diligencias.