El Congreso rechaza que los jueces y la Comisión de Venecia informen sobre la toma de control del CGPJ

La petición había sido cursada por el propio CGPJ después de que su pleno así lo acordara el pasado mes de diciembre, pero también había sido tramitada en el mismo sentido por el PP mediante escrito registrado en el Congreso , y por la Comisión Europea por boca del comisario de Justicia.

El escrito del Poder Judicial defendía «la necesidad de que se diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta y, en particular, las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia». El escrito, además, instaba a los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado a proceder «sin más demora» a la renovación del CGPJ.

PSOE y Unidas Podemos han impuesto su mayoría en la Mesa de la Cámara para hacer «oídos sordos» a todas estas peticiones, mientras el PP y Vox se han opuesto frontalmente pidiendo que se escuchara a los jueces.

Según ha podido saber ABC de fuentes parlamentarias, el vicepresidente primero Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) ha argumentado el principio de separación de poderes para defender que el legislativo tiene plena capacidad para legislar sobre lo que considere oportuno. También ha aludido a la existencia de un precedente en la VIII Legislatura en el que la Mesa rechazó que el CGPJ informara sobre la proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de convocatoria ilegal de referendos y consultas electorales, pese a que los jueces habían pedido que se les diera audiencia.

Sin embargo, existen precedentes en uno y otro sentido respecto a peticiones de los grupos parlamentarios a la Mesa para que se pida informe al Poder Judicial sobre distintas iniciativas parlamentarias. En este caso, además de haber solicitado audiencia el CGPJ lo había hecho el PP como grupo parlamentario.

La vicepresidenta segunda, Ana Pastor (PP), le ha hecho frente argumentando que no se puede esgrimir la independencia de los poderes del Estado precisamente para no pedir el informe de otro poder sobre el que se pretende legislar. Al CGPJ, además, le corresponde pronunciarse sobre cualquier reforma del Gobierno que afecte a los derechos constitucionales o a los poderes del Estado.

La coalición ha buscado desde el principio de su reforma evitar que los jueces informaran sobre la misma . Para ello, plantearon el texto como propuesta de sus grupos parlamentarios en el Congreso ya que de aprobarlo en el Consejo de Ministros la reforma estaba obligada a someterse al informe de los órganos consultivos, CGPJ incluido.

Esta maniobra fue la que acabó provocando la reacción del pleno del Poder Judicial y su decisión de instar al Congreso a que pida informes a las partes interesados.

Además, PSOE y Unidas Podemos han acordado tramitar la reforma por la vía de urgencia , tal y como habían solicitado los portavoces parlamentarios de sus respectivo grupos. Esta decisión recortará los plazos de tramitación a la mitad para que la coalición pueda cumplir con su objetivo de tomar el control del CGPJ «cuanto antes».

El plazo de enmiendas queda abierto y limitado a ocho días hábiles, «computándose para ello el mes de enero». A pesar de que el primer mes del año es inhábil parlamentariamente, PSOE y Unidas Podemos buscaron el apoyo de sus socios independentistas para sortear esta paralización a mediados de diciembre para la reforma del CGPJ, los trabajos de la comisión de investigación sobre Kitchen y la renovación del consejo de RTVE.