La Comunidad de Madrid pide personarse en la causa después de Garzón rechazara que lo hiciera el PP

En el escrito, el letrado que representa al Ejecutivo madrileño habla del auto dictado ayer por el juez Garzón y alude a conversaciones telefónicas grabadas a uno de los imputados, el empresario Francisco Correa. En concreto, en ellas el supuesto cabecilla de la red afirma que se han cargado a la región madrileña gastos del PP y de que un consejero cobraba comisiones por distintos favores. La Comunidad de Madrid asegura que "no le consta" que puedan haberse destinado fondos propios a fines distintos de los legalmente previstos y exige poder tomar parte en el procedimiento judicial de Garzón como perjudicada. En esta línea, el Gobierno madrileño pretende "ejercitar las acciones que legalmente procedan al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" con el objetivo de ver reconocido su derecho a "la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión".

Los 'populares' de Madrid mueven ficha a través de la Comunidad después de que el magistrado haya rechazado la petición del partido a nivel nacional, que pretendía ser parte, acusación particular, en la causa en la que se investiga una presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa -vinculado al Partido Popular hasta 2004-.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad con la obligación de comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio a un trabajador al servicio de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'Operación Gürtel', tras interrogarle durante más de tres horas.

El empleado de Correa, que fue detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, es la cuarta persona que el juez deja en libertad con medidas cautelares desde que comenzó a instruir este sumario, que se encuentra secreto.

En la noche del pasado miércoles, Garzón ordenó el ingreso en prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama, en la que investiga a un conjunto de empresas que supuestamente ofrecieron sobornos y dádivas a funcionarios y autoridades de las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

Desde que abrió la causa, el magistrado ha decretado la prisión provisional de Correa y de los empresarios Pablo Crespo y Antoine Sánchez, a los que sitúa como máximos responsables de su conglomerado de sociedades. A todos ellos les acusa de los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.

Garzón ha adoptado esta decisión en un auto, contra el que no cabe recurso, después de que los dirigentes del PP Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo le presentaran ayer dos escritos pidiendo, por un lado, su personación como acusación particular en el 'caso Gürtel' por indefensión, y por otro planteando un incidente de recusación.

Al dejarle fuera de la causa, el magistrado evita entrar a decidir sobre esa recusación, que los 'populares' justificaban por "enemistad manifiesta" y "animosidad" contra el partido. El PP también alegaba su "interés directo o indirecto" en la causa. Así lo aseguró el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, que registró junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, el escrito de personación como acusación particular y el de recusación a Garzón.

El ex minsitro Trillo explicó que el PP quiere personarse en la causa por entender que hasta ahora su formación se encuentra en "absoluta indefensión". "La intención de ese escrito es conocer las diligencias y ser parte como acusación particular", apuntaba.La intención del PP era la de apartar a Garzón de la instrucción de esta causa en la que ya figuran 37 imputados, dos de ellos ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda.

En el auto en el que rechaza la personación del PP, el juez adelanta que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirma en el documento de dos páginas que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". Una parte de la investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados en el Congreso y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.

Según han explicado fuentes jurídicas, la inhibición de la causa en favor del Supremo o los respectivos tribunales superiores de justicia se referiría exclusivamente a la parte de la investigación que afectara a los aforados, por lo que el juez continuaría instruyendo el resto de la causa. El instructor, que no cita a ningún cargo público concreto, explica que el postulante, en referencia al PP, "no puede ostentar" la condición de parte personada en la causa.

Según el juez, la personación del PP en este sumario, que se encuentra secreto, resulta "absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica". De igual modo, cree "prematuro" que se pueda considerar a esta formación como "responsable civil subsidiario" y añade que como acusación popular "no reúne los requisitos exigidos legalmente para decidir en este momento".

El PP ya ha anunciado que recurrirá la decisión en cuanto le sea notificada. El partido dará el siguiente paso que marca la vía jurisdiccional, es decir, presentar un recurso que ya habrá de ser resuelto por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional. Muy poco antes de que el juez hiciera pública su resolución, Mariano Rajoy insistía en que su partido tiene "derecho" a personarse en la causa.

En declaraciones a los medios de comunicación en Orense, donde ha participado en la campaña para las elecciones del 1 de marzo, el presidente del PP aseguraba que personarse es "el mínimo derecho" que tiene su partido. Además, calificaba de "atentado a la calidad de la democracia" la cacería en la que coincidieron el ministro de Justicia y el juez. Un argumento en el que basa su petición de dimisión para el primero y la retirada de la causa para el segundo y que llevará al Congreso en la próxima sesión de control al Gobierno.

El portavoz de Justicia ha detallado que habrá recurso "inmediatamente" por ser "jurídicamente impresentable" el auto del juez. En un comunicado, también lo ha tachado de "un despropósito jurídico", ya que niega que los populares sean "perjudicados" en la investigación. En alusión a la parte del auto en la que Garzón ve "serios" indicios contra aforados del PP, Trillo ha apuntado que "es una barbaridad inaceptable" que anuncie "imputados de futuro" en estos términos, "como si fuera una amenaza".

Las diligencias siguen su curso y esta tarde tiene cita para declarar en la Audiencia el último detenido en la operación: un empleado del supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, que fue arrestado el pasado miércoles. Para la semana que viene está previsto que, a instancias del PP, el Servicio de Inspección Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abra unas diligencias informativas para analizar si Garzón pudo incurrir en una desatención grave de sus funciones por irse de cacería a Jaén tras ordenar la detención de cinco miembros de la presunta trama.