«caso ere»
La comisión de los «mudos»
Ocho imputados se acogen a su derecho a no declarar en las primeras tres jornadas de la comisión parlamentaria que investiga los ERE
Una secuencia de monólogos exculpatorios y sin preguntas de los socialistas. Así han transcurrido las tres primeras jornadas de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades de los ERE.
Entre el silencio de los ocho imputados que desfilaron por la comisión, amparados en el proceso judicial, y un PSOE que se quedó «mudo» en el momento de formular las preguntas, la investigación que pretendía esclarecer los hechos y descubrir a los responsables políticos de la trama de corrupción se aleja cada vez más de su objetivo.
Ramón Díaz Alcaraz : Ex diputado socialista en el Parlamento andaluz y asesor de la Consejería de Empleo entre 2005 y 2009, era el hombre de confianza de Francisco Guerrero, también imputado. Fue el primero e n leer un comunicado y negarse a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Se quejó de «coacción» y «difamación».
Antonio Diz-Lois: Ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. Imputado por la juez Alaya, otros implicados en los ERE lo sitúan como el «responsable de las cuentas». Negó que intermediara en nigún ERE y sostuvo que durante los años que estuvo en la Dirección General de Trabajo no se tramitaron expedientes de ayudas.
Fernando Mellet : Ex director general de Mercasevilla, causa que dio origen a la trama de los ERE. Está imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano. Aseguró sentirse víctima de una «persecución personal» contra su persona en los últimos tres años, y rompió el guión respondiendo a tres preguntas en un arrebato de cólera. «No soy un putero ni un drogadicto», dijo.
Antonio Rivas: Ex delegado de Empleo en Sevilla. Imputado por las presuntas comisiones ilegales en Mercasevilla y en el caso de los ERE por avalar la entrada de intrusos en algunos expedientes. Tras negarse a responder preguntas, declaró su «absoluta inocencia» y negó que por el hecho de ser familia debiera tener conocimiento de que un cuñado y un concuñado suyos se incluyeran como intrusos en un ERE.
Francisco Javier Guerrero: Ex director general de Trabajo de la Junta. Ingresó en prisión hace siete meses, cuando la juez le imputó 887 ayudas otorgadas fraudulentamente. En su declaración sustuvo que hay «muchos no imputados que pueden resolver las dudas» sobre las ayudas públicas a los expedientes, que denominó «fondo de reptiles».
Juan Márquez: Ex director general de Trabajo de la Junta andaluza entre 2008 y 2010. Está imputado en el caso judicial y acusado por la juez de cuatro delitos continuados. El sucesor de Guerrero se limitó a leer un breve manifiesto en el que también afirmó:.«No he cobrado ni un solo euro ni tuve conocimiento de que nadie se haya podido lucrar con fondos públicos».
Daniel Rivera: Ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo hasta hace apenas dos meses. Imputado por cuatro delitos continuados. Utilizó su comparecencia para negar las ilegalidades en la gestión del fondo de ayudas sociolaborales que le imputa la juez, Mercedes Alaya, y presumir de la investigación interna que promovió su superior a raíz de que estallara el escándalo de los falsos trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo en febrero de 2011.
Agustín Barberá: Ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre abril de 2004 y marzo de 2010. Imputado en el caso de los ERE por cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial. Se limitó a leer, en su primer turno de intervención, un breve comunicado en el que ha recordado que la Constitución Española reconoce su «derecho fundamental a la defensa en el proceso penal con todas las garantías que este procedimiento» le permite y que, por tanto, elige, por recomendación de su letrada, no declarar ni contestar preguntas en esta comisión parlamentaria.
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