La cogobernanza estalla y termina en los tribunales en plena tercera ola

El Gobierno entiende que esta decisión del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco vulnera el real decreto que estableció el estado de alarma, y en el que se determina que el toque de queda se establece entre las 23 y las 6 , posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial «que la hora de comienzo de la limitación prevista [....] sea entre las 22.00 y las 00.00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5.00 y las 7.00 horas». En privado, fuentes del Ejecutivo ya venían considerando que esa decisión se situaba «fuera de la ley».

El Gobierno argumenta que «al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada» . Sin embargo, tras conocer el recurso del Ejecutivo, la Junta de Castilla y León emitió un comunicado en el que defiende su competencia para modificar las medidas del estado de alarma y lamentó que el Gobierno central «trate de obstaculizar» con su recurso la acción de la comunidad que «tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía». Pero el Ejecutivo explica que la disposición transitoria que otorga a las autonomías la capacidad de modular las normas habilita a «suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no –como es el caso– de intensificarlas o agravarlas». En este sentido se trata de una restricción de un derecho fundamental adicional, que no está amparada por el real decreto del vigente estado de alarma.

El presidente del PP, Pablo Casado , respaldó al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco: «El ausente presidente del Gobierno y el ministro candidato a tiempo parcial atacan a las autonomías gobernadas por el PP en vez de dar la cara , asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz de una vez contra la tercera ola de Covid y el récord de contagios».

Al margen de la cuestión jurídica, existe un trasfondo político que pone de manifiesto que el Gobierno se está viendo superado por la tercera ola de la pandemia. Su rechazo a ampliar el marco del estado de alarma constituye en estos momentos un muro que limita las capacidades de algunos gobiernos autonómicos que quieren ser más restrictivos. Fuentes populares lamentaban ayer la actitud del Gobierno, que actúa, a su juicio, de forma incoherente: «Si no eres restrictivo, como Madrid, te obligan a serlo; y si lo eres, como Castilla y León, te denuncian» .

País Vasco, Galicia y Andalucía ya han manifestado predisposición a adelantar el toque de queda, aunque ninguna ha llegado al punto de Castilla y León para evitar el choque jurídico. La Región de Murcia, Aragón o Asturias también van en la línea de endurecer las medidas. Hoy Castilla-La Mancha quiere adelantar también su toque de queda, actualmente fijado a medianoche.

El Gobierno considera que las medidas que se contemplan en el actual estado de alarma junto a las competencias propias de las autonomías son suficientes para abordar la situación. Y aunque se ha abierto a un estudio para abordar medidas adicionales, en privado insisten en que el marco actual basta.

«Deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia», dejaron claro desde el Gobierno de Fernández Mañueco. Así que, de recular en su decisión, nada de nada. Ya cuando la adoptaron y comunicaron el viernes las nuevas restricciones se mostraron no sólo convencidos de que la prórroga del decreto del estado de alarma amparaba ese adelanto, sino que incidieron en la urgencia de mover ficha para frenar el «vertiginoso» avance del Covid-19 en esta tercera ola.

De modo que, recordaron, «mientras no se anule, sigue en vigor» la obligación de estar en casa a las 20, salvo motivos justificados, y la obligación de «velar» por su cumplimiento. Así que, por el momento, Junta y Gobierno están abocados a verse las caras en los tribunales. Y, de fondo, se critica la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el nuevo avance del coronavirus, a quien se vuelve a reclamar «instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas».

«Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías» , recalcaron desde el Gobierno regional. «Seguiré tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas», dijo Fernández Mañueco, y les dio las «gracias» por su «responsabilidad, colaboración y esfuerzo» cumpliendo con las normas.