Castilla y León lamenta que el Gobierno «trate de obstaculizar» la lucha contra el Covid al recurrir el adelanto del toque de queda

La orden, firmada por Mañueco y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León este sábado, sigue en vigor, recalca. Y así seguirá hasta que haya pronunciamiento judicial. «Deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia», han señalado en un comunicado.

En él, desde la Junta inciden en que la decisión de adelantar el toque de queda más allá de la franja de 22:00 a 7:00 que literalmente recoge la prórroga del estado de alarma «está amparada», según defienden sus servicios jurídicos «en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la «Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno». «Expresamente lo siguiente» -añaden-: «La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión».

Así que, recalcan, el toque de queda a las 20:00 horas «sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley».

E insisten «encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia ». Y es que, justifican, la decisión se ha adoptado a la luz de que la situación epidemiológica y sanitaria «es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España».

Y aprovechan para reclamar «una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros , si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas». «Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías», inciden.