El Gobierno recurre el toque de queda de Castilla y León a las 20 horas

En dicho acuerdo se establece el comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Siendo de aplicación el comienzo del toque de queda a las 20:00 horas del día 16 de enero. Un acuerdo publicado ayer en el Boletín Oficial de la región.

En privado, fuentes del Ejecutivo ya venían considerando que esa decisión se situaba «fuera de la ley» , ya que el actual estado de alarma sólo permite la limitación de la movilidad nocturna entre las 23:00 y las 6:00, otorgando la posibilidad de que los presidentes autonómicos, como autoridad competente delegada, pudieran flexibilizarlo pero con unos límites tasados: «que la hora de comienzo de la limitación prevista [....] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas», establece el decreto.

El Gobierno considera que «al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada ».

El Gobierno explica que la disposición transitoria que otorga a las autonomías la capacidad de modular las normas habilita a «suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no –como es el caso– de intensificarlas o agravarlas». En este sentido se trata de una restricción de un derecho fundamental adicional , que no está amparada por el Real Decreto de estado de alarma. Por tanto, el Gobierno informa que ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contra la decisión.

Este recurso es compatible con la posición política establecida ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de mostrarse dispuesto a estudiar medidas adicionales con las comunidades autónomas . Así lo manifestó ayer en su rueda de prensa desde Barcelona. No obstante, fuentes del Gobierno aseguraban en el día de ayer en que existen dudas sobre la utilidad real de adelantar el toque de queda. «Se está analizando, pero no parece que sea muy útil», apuntaban ayer desde La Moncloa.

Son varias regiones las que están pidiendo al Gobierno aumentar las capacidades del actual estado de alarma. Andalucía, Galicia o País Vasco han sintonizado con la decisión adoptada por Castilla y León. Sin embargo ninguna ha llegado a plasmarlo en su normativa porque su interpretación jurídica es que no tienen esa potestad. En el Gobierno la decisión de Mañueco fue desacreditada desde el primer momento: «Lo que han hecho no es jurídicamente legal».

El Gobierno expresa, por tanto, dudas sobre si sería útil ampliar las franjas para establecer el toque de queda. Pero, en cualquier caso, explican que tendría que producirse una modificación del actual Real Decreto en el Consejo de Ministros. Y si se quiere que la potestad esté habilitada más de 15 días debería sustanciarse una votación en el Congreso. En cambio, en el caso de un eventual confinamiento domiciliario , haría falta un nuevo estado de alarma porque se trata de una restricción de un derecho fundamental no recogida en el actual.

Pero la posición del Gobierno es que las medidas vigentes son suficientes para doblegar la tercera ola , con el precedente de la segunda, pese a que el aumento de los contagios y la velocidad de reproducción del virus se está demostrando más rápida en esta ocasión.

Tras la decisión del Gobierno, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en que defiende, amparándose en sus servicios jurídicos, la potestad de las autoridades delegadas para modificar las medidas establecidas en el estado de alarma . El Ejecutivo de Mañueco «lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía».

La Junta de Castilla y León asevera de que el toque de queda seguirá vigente hasta que el Tribuanl Supremo no determine lo contrario. A la vez, Mañueco e Igea reclama a Pedro Sánchez y Salvador Illa «instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas».