Las claves del recurso del PP contra la sentencia de Gürtel

«El señor De Prada ha sido elegido por la ministra de Justicia (...) como uno de los cuatro miembros externos de la comisión para restablecer la justicia universal. Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y han coadyuvado en no poca medida a un cambio de gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español », sostienen los servicios jurídicos de Génova.

Se refiere el PP a las afirmaciones sobre la supuesta Caja B del PP que De Prada, ponente de la sentencia, vierte en el fallo, cuando se trata de un procedimiento que todavía no ha sido enjuiciado. El partido ha sufrido «un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y justificación», señala la defensa de los populares. Y ello porque «una cosa es considerar que el PP se enriqueció con los servicios prestados en Majadahonda y Pozuelo » (cuestión que el recurrente no comparte pero que sí forma parte de los hechos enjuiciados) y otra, «de una gravedad difícil de exagerar», es que a un responsable civil «se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables», señala en relación a las afirmaciones «indirectas y directas» relativas a la posible comisión de delitos por parte del PP.

En este sentido, señala que las referencias al «contexto en el que se desarrolló la actividad delictiva del grupo Correa y su relación con el PP» no eran necesarias y obedecían a «una decisión implícitamente acusatoria y, por ello, parcial del propio tribunal».

El escrito se hace eco de cómo antes de la redacción de la sentencia ya «se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva» de De Prada por su «conocida amistad» con el exjuez Baltasar Garzón , primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones por varios de los acusados.

El partido pide al Supremo que retrotraiga las actuaciones a antes de la vista oral «para que la causa sea enjuiciada por un tribunal sin apariencia de parcialidad » o que alternativamente se vuelva a dictar una nueva sentencia en la que «se omita todo hecho del Partido Popular y toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de su participación a título lucrativo».

El juicio de Gürtel se saldó con una multa al PP de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, al considerar que se benefició de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Esta decisión contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Durante la vista oral el abogado del partido alegó que las decisiones sobre las campañas electorales fueron adoptadas por sus corporaciones municipales. También que su responsabilidad civil está prescrita, un argumento que ahora vuelven a exponer.

Estas son las tres claves del recurso del PP:

La sospecha sobre De Prada

En su escrito el PP duda de la imparcialidad de José Ricardo de Prada, algo que, recuerda, ya se puso de manifiesto al inicio de esta vista, en la que llegó a estar recusado por alguno de los procesados. Considera que la amistad de este juez con Garzón, primer instructor del caso Gürtel, le inhabilita para juzgar a esta formación. A ello se suma que las afirmaciones que vertió en la sentencia, de la que fue ponente, propiciaron la moción de censura que se saldó con el cambio de gobierno. Una vez constituido el nuevo, la ministra de Justicia cuenta con él como asesor en justicia universal. Los otros expertos son del entorno de Garzón.

Un precedente «intolerable»

Los servicios jurídicos del partido ponen de manifiesto que en la sentencia se atribuyen al PP conductas delictivas que no se estaban enjuiciando. «Si se tolerara un precedente como este resultaría que el mero beneficiario de un alquiler muy barato de un piso, que lo es porque proviene como efecto de delitos de tráfico de drogas, terrorismo o prostitución, podría encontrarse con que la sentencia lo condena como partícipe a título lucrativo, pero los hechos y fundamentación jurídica le atribuye un rol de traficante de drogas o financiador de terrorismo, porque ello ayudaba a entender el contexto de su enriquecimiento injusto».

«Nadie del PP encargó esos actos»

Los populares niegan haberse beneficiado de los actos electorales que sufragaron las empresas de Correa. «No eran actos del PP porque no eran actos encargados por nadie del partido con poder para autorizarlo». Además de alegar que la responsabilidad civil estaría prescrita, señala que la Fiscalía carecía de legitimación para actuar contra el PP porque «los ayuntamientos perjudicados habían renunciado a tal reclamación con la delimitación de sus responsabilidades civiles». «En una concepción democrática del ordenamiento procesal civil debe interpretarse que no cabe que el Ministerio Fiscal entable dicha acción civil».