Los cien días del Gobierno del cambio en Andalucía

Entre los aspectos más positivos de este periodo destaca la convivencia y la unidad interna del Gobierno de coalición. Si ha habido fisuras se han tapado a tiempo de que trascendieran. La imagen que trasladan Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) como socios en el Gobierno es de buena sintonía. Un equipo que, con independencia de las siglas, se muestra unido y bien avenido, como demostraron en la primera cena de consejeros celebrada hace un mes en Sanlúcar de Barrameda y que pagaron de su bolsillo.

Hasta ahora, Moreno y Marín no han demostrado públicamente celotipias. Tienen marcados sus papeles, aunque algunos sectores creen que en ese reparto pierde presencia institucional el presidente. No ocurrió durante la celebración del primer 28-F del nuevo Gobierno, ni cuando Moreno firmó el decreto de bajada de impuestos en San Telmo. Su periplo por todas las capitales de provincia para entrevistarse con los alcaldes con independencia de sus siglas y la reciente firma de un acuerdo con Ceuta y Melilla han reforzado su imagen institucional como presidente. Además, el Gobierno ha superado otro reto: mantener la cohesión a pesar de la campaña electoral.

Ahora habrá que ver cómo influye en los socios la dispar suerte en las elecciones de abril. Ciudadanos ya reivindica su papel protagonista tras el sorpaso y Moreno es la mayor referencia institucional de un partido popular que se lame las heridas tras la contienda electoral y se replantea su ubicación ideológica. Moreno siempre ha defendido un partido más centrado, sin estridencias, su principal arma política es el talante, aunque esto a veces se interprete como falta de carisma. Falta le va a hacer a partir de ahora para trata con Vox. El socio de investidura se había mantenido en un plano discreto.

Su portavoz parlamentario Alejandro Hernández ya avisó de que en adelante sus exigencias serán «más severas». «Vamos a ver si renueva cien días más..”, dijo cuando aún Pablo Casado no había tachado al partido de Abascal de “ultraderecha”. El PP es el enlace con Vox en el Gobierno y el cambio en las relaciones entre ambos partidos puede pasar factura en Andalucía. Además de las municipales, el próximo Rubicón a cruzar es el de la aprobación del presupuesto, cuyo anteproyecto estará listo antes del 1 de junio. Sin cuentas, el Gobierno del cambio quedaría bloqueado. Vox quiere que antes de apoyar las cuentas Casado se haya disculpado. No en vano el acuerdo PP y Vox que permitió la investidura de Moreno incluye entre sus puntos el abogar por un Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas, condenando todo ataque a cualquier fuerza política democrática.

El Gobierno andaluz se ha centrado hasta ahora en el aterrizaje, al tiempo que se esforzaba en superar el objetivo de aprobar en este periodo los 21 primeros puntos del pacto de Gobierno. El trabajo de inventario inicial ha propiciado numerosas denuncias sobre la herencia recibida después de 37 años de socialismo, incluida su administración paralela. Una auditoría sobre la eficacia de solo 12 entes instrumentales de la Junta arrojaba un dato escandaloso, el 90 por ciento de su personal fue fichado sin superar proceso de selección alguno y además hay duplicidad de funciones en el trabajo que realizan.

No obstante el Ejecutivo andaluz es cauto. El escenario económico descubierto en estos cien días ha permitido al Gobierno proyectar un discurso solvente sobre el déficit de gestión del anterior Ejecutivo socialista. En resumen, quedan sin ejecutar 26.923 millones de euros, existen 2.988 millones en subvenciones sin justificar, 4.665 millones de dinero pendiente de cobro que la Junta no ha reclamado y 762 millones en condenas judiciales por mala gestión del Gobierno anterior presidido por Susa Díaz..

A los problemas económicos se suma la bolsa oculta de medio millón de pacientes en listas de espera detectada en los centros sanitarios andaluces, a los que se suman otros 34.000 no reconocidos en la lista de espera de prestaciones de dependencia.

La herencia recibida, con ser un lastre en el trabajo del nuevo Gobierno, también le ha servido para generar una dinámica de reacción con sucesivos planes de choque. El sanitario sobre listas de espera ha sido el más efectista pues se ha activado sobre la marcha y de forma apresurada mediante incentivos a profesionales y optimización de los recursos, demostrando capacidad de reacción. A pesar de las críticas, la sensación es que se está trabajando para solucionar el problema con el compromiso de atender antes de junio a los 30.348 pacientes que más tiempo llevaban en espera. El plan continuará y para ello debe tener asiento en el presupuesto.

En sus primeras 14 reuniones, el Consejo de Gobierno ha aprobado 170 medidas. La más trascendente es la bajada de impuestos con la eliminación del de Sucesiones, primera medida para reducir la presión fiscal que prometió Moreno a los andaluces, si bien las iniciativas en este sentido tendrán que quedar reflejadas en el presupuesto. De las 20 medidas restantes, la mayoría son iniciativas legislativas a desarrollar, como la que hace referencia a la eliminación de los aforamientos aprobada esta semana en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos políticos menos el PSOE.

El nuevo Gobierno también ha avanzado en medidas para rebajar la burocracia en la Administración. La Consejería de Fomento ha sido la más audaz en este sentido con la eliminación de las aprobaciones provisionales de planes urbanísticos y la reducción a diez días de plazo máximo para responder a peticiones de licencia.

Menos atrevida ha sido la política de reducción del gasto público y de personal. En eso está cauteloso el nuevo Gobierno, que quiere remarcar el carácter tranquilo del cambio. En este sentido, se van dando pasos poco a poco. Sanidad ha renovado el plantel directivo de los hospitales, pero en casi todas las consejerías se han mantenido puestos directivos de perfil técnico del anterior gobierno. En esto el Gobierno de Moreno esta siendo muy conservador. Sabe de los efectos negativos de una movilización del personal en la Junta si se viera amenazado, pero si no interviene en la administración paralela estará incumpliendo su compromiso electoral.

Casos como el de la incompatibilidad del científico Bernat Soria, demuestran que queda por hacer en la gestión de personal y recursos. La Junta tendrá que responder a otros conflictos laborales como el que plantea que, a pesar de sentencias en contra, se siga permitiendo que personal seleccionado a dedo, como el subrogado de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo, siga haciendo trabajos de funcionarios con acceso a claves e información sensible.

El adelgazamiento de la mastodóntica administración andaluza se antoja necesaria para asegurar viabilidad al proyecto económico del nuevo Gobierno. Hacienda ha obligado a todas las consejerías a presentar un plan de ahorro antes que las peticiones de gasto e inversión, pero el adelgazamiento prometido no parece que se plantee mediante una dieta milagro.

En otras cuestiones sensibles, como la renovación de la RTVA, los cien días se han quedado en poco más que una declaración de intenciones, porque sigue habiendo espacios resistentes al cambio, por muy tranquilo que éste se presente.

En estas circunstancias el Gobierno de Moreno se dispone a enfrentarse a otra prueba de fuego, el de las elecciones municipales y sus futuros pactos con sus consiguientes tensiones políticas y un PSOE reforzado tras las Generales que pondrá todo su empeño en recuperar cuanto antes lo que considera suyo por haberlo disfrutado tanto tiempo, el poder andaluz.