Chávez quiso dar la nacionalidad a Ayestarán en 2006

Aguinagalde, etarra de última generación, y el histórico Ayestarán iban a constituir un «comando» especial con la misión de trasladarse a España para cometer posiblemente un secuestro. En la cita que mantuvieron durante el pasado fin de semana en la casa rural, el jefe del «aparato militar» les dio las últimas instrucciones sobre cómo llevar a cabo esa acción terrorista.

Nacido en Lezo (Guipúzcoa) en 1957, Ayestarán fue deportado en abril de 1989 por Francia a Venezuela, país en el que ha estado los últimos 26 años. Involucrado en al menos 18 atentados cometidos entre los años 1978 y 1983, estuvo a punto de recibir la nacionalidad venezolana en 2006, aunque las presiones del Gobierno español obligaron a Hugo Chávez a dar marcha atrás. En concreto, pretendió concederle la nacionalidad para evitar que respondiese ante la Justicia española. Lo mismo estaba planeado para los también etarras Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urtega y Miguel Ángel Aldana.

Ayestarán Legorburu vivió durante años en Cumaná una región del estado de Sucre (Venezuela) y en varias ocasiones se había solicitado su extradición sin que ésta llegara a producirse.

El trato de favor que el Gobierno venezolano estaba dispuesto a darle fue pactado en 2006 entre el Ejecutivo de Chávez y el abogado de la «izquierda abertzale» Joseba Agudo, que ahora está encarcelado en Francia mientras se tramita su extradición a España por su vinculación con ETA. El acuerdo consistía en que Venezuela indemnizaba a dos etarras que habían sido entregados a las autoridades españolas y recogía también la oferta para conceder la nacionalidad venezolana a cuatro terroristas que residían en el país desde los años 80. Sumaban todos un total de 38 asesinatos. Uno de ellos era José Lorenzo Ayestarán.

Fuentes de la lucha antiterrorista cifran en varias decenas el número de miembros de ETA que aún residen en Venezuela, país en el que tradicionalmente se han refugiado muchos de los militantes huidos de España y Francia. El último censo llega a cifrar la colonia en unos cuarenta.

Plataforma chavista

Además, Venezuela se ha convertido en campo abonado para los diferentes grupos que integran el «complejo etarra». De hecho, una plataforma afín a Hugo Chávez -Movimiento Continental Bolivariano- que se constituyó el pasado mes de diciembre en Caracas, da cobertura a la «izquierda abertzale» para enaltecer en Suramérica a los pistoleros de ETA y a sus cómplices de Batasuna. Cuando se constituyó, las FARC no tardaron en hacer público su apoyo a esa plataforma chavista, que ha sido activada por el abertzale Iñaki Gil San Vicente, que perteneció al «Kas-Técnico».

La presencia de Ayestarán en Francia ha sorprendido a los especialistas en la lucha contra ETA que seguían situándolo en Venezuela. Su reenganche es un botón de muestra más de que la actual dirección etarra acusa la inoperancia de sus militantes de última generación y por este motivo ha decidido recuperar a algunos veteranos. Entre estos también estaría José Luis Eciolaza Galán, «Dienteputo».

Mientras, Ana Velasco Vidal-Abarca, hija de Jesús Velasco Zuazola, asesinado por Ayestarán dijo ayer sentir «una profunda amargura» porque teme que el terrorista va a quedar «impune» de sus asesinatos, ya que éstos han prescrito. En este sentido ha denunciado que «después de 30 años de vivir plácidamente en libertad sin ser detenido, primero por las vergonzantes negociaciones y después por estar protegido por Venezuela, este individuo no va a poder ser juzgado por la mayoría de sus al menos diez asesinatos, ya que estos han prescrito». Velasco ha recordado que «el trabajo de los terroristas es matar y el del Estado impedirlo» y ha pedido que «si no lo consigue, al menos se haga Justicia».

«Intenso dolor»

En su caso, ha dicho que su familia siente «un intenso dolor» porque entiende que el Estado de Derecho les ha «fallado de manera flagrante» y les ha dejado «indefensos» en tres ocasiones. Una primera ocasión «cuando benefició a este sanguinario criminal, Lorenzo Ayestarán, con la amnistía de 1977, que le permitió quedar en libertad para asesinar a nuestro padre. En segundo lugar, ahora, cuando después de treinta años, su crimen va a quedar impune sin que ni siquiera se le pueda juzgar por él», aseguró.

Y tercero, porque durante veintiséis años se ha consentido que un parque infantil de Hernani haya llevado el nombre de otro de los presuntos asesinos de su padre, José Aristimuño.