El CGPJ rechaza por amplia mayoría el informe que avalaba la Ley de Vivienda del Gobierno

Esa ponencia avalaba y hasta justificaba el anteproyecto de esta ley del Gobierno, sin precedentes en la legislación española y que ha suscitado polémica en sectores afectados. Pero el informe de Cuesta fue rechazado por 15 de los 21 miembros del Pleno del CGPJ. Y no sólo el texto, sino el propio autor, ya que este órgano también decidió encargar un nuevo informe a otros dos vocales, José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que no lo someterán de nuevo al Pleno hasta el próximo día 27.

Este anteproyecto de ley estaba previsto que se ratificara en el Consejo de Ministros de este martes 18. Pero ahora los plazos se truncan, como mínimo, hasta final de enero. Y es que el Gobierno no puede continuar con la tramitación de esta iniciativa hasta que el CGPJ emita su informe, que no es vinculante para el Ejecutivo, aunque sí preceptivo antes de volver a aprobar el anteproyecto en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación definitiva.

Con todo, el retraso de un par de semanas puede no ser lo peor para el Gobierno, que confiaba en el informe de Cuesta para que la iniciativa contara con el aval del CGPJ. Pocas cosas más oportunas para contrarrestar las voces que, desde diferentes sectores, advierten de que esta norma tiene muchas lagunas jurídicas. Algunas dudan incluso de su constitucionalidad. Y es que esa fue la clave por la que el CGPJ rechazó la ponencia de Cuesta y le relevó como ponente al estimar las alegaciones que, en forma de enmienda a la totalidad, desbaratan su informe por considerar que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, no del Gobierno central.

Teniendo en cuenta que ese argumento afecta al carácter constitucional y competencial de la nueva norma, que así lo defiende uno de los dos nuevos ponentes –Lucas, propuesto por el PNV– y que hasta dos tercios del propio CGPJ coincidieron en esa postura, el informe que apruebe este órgano el próximo día 27 podría no ser tan benévolo con el Gobierno como el que defendió Cuesta. Su informe sólo sumó seis votos a favor: el de otros cuatro vocales propuestos también por el PSOE, una por IU y el suyo.

UP acusó al CGPJ de dilatar su informe sobre esta ley configurada por los dos partidos del Gobierno. Y de la que son coproponentes el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez (PSOE) y el de Derechos Sociales de Ione Belarra (UP). No hay medias tintas con una de sus medidas estrella, la regulación de alquileres, recogida además en el pacto de coalición. «Muy preocupante noticia —escribió ayer en Twitter el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique —. Por el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos. Pero también por lo que implica en términos democráticos». Ese ‘en términos democráticos’ es un aguijón al CGPJ. Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Confederal, complementaba: «Con el mandato caducado, el CGPJ lleva 3 años secuestrado por el PP . Lo que debe hacer es disolverse, no dilatar leyes necesarias de modo ilegítimo». Los ministros morados no se pronunciaron.

Fuentes gubernamentales de UP mostraron su «preocupación» por lo que consideran «retrasos injustificables» a un proyecto con «avances históricos». Se refieren, como no puede ser de otra manera, a sus mecanismos para controlar los alquileres en las zonas más abusivas. Esta fue una de las medidas más controvertidas dentro de la propia coalición. Y de hecho fue utilizada como elemento de presión por Podemos; si los socialistas no contemplaban alguna herramienta para regular el precio, no apoyarían el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Al final, el PSOE cedió con algunas particularidades y la ley se desbloqueó después de meses. Superó el año pasado su primer filtro en el Consejo de Ministros y ahora UP insiste en que no se entiende la decisión del CGPJ, al que acusa de retrasar a propósito la aprobación de la norma cambiando el ponente de golpe. «Tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país», insisten los morados.