El CGPJ escuchará a Núñez Bolaños antes de decidir si inspecciona su juzgado

La investigación del promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde , ya ha comenzado, con la apertura de unas diligencias informativas con las que tratará de determinar si hay indicios para abrir un expediente disciplinario a la juez por alguna falta leve, grave o muy grave –Luzón alude a las dos últimas– que podría ser castigada desde un simple apercibimiento hasta la separación de la carrera. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la Inspección, el promotor ya ha emplazado a la juez a que conteste por escrito a las acusaciones de los fiscales, un plazo que suele ser de siete días pero que en este caso se ha ampliado al afectar los hechos de la denuncia a la actividad global de todas las causas que tiene entre manos. La situación de baja laboral en la que la juez se encuentra desde que trascendió que los fiscales iban a denunciarla puede demorar aún más esa respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que el caso de Núñez Bolaños guarda «cierta similitud» con el de la juez de Lugo Pilar de Lara , en el sentido de que no es su intervención en un caso concreto lo que hay que investigar, sino todo el listado de procedimientos en los que la Fiscalía denuncia un «retraso injustificado y grave» y que se enmarcan en tres causas de corrupción: los ERE, el caso Avales y la Agencia Idea. El fiscal jefe de Anticorrupción advierte al CGPJ de que «la desatención y retraso injustificado» en la tramitación y resolución de estas causas está perjudicando «los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia».

En su escrito, Luzón también pone de manifiesto que «está resultando imposible» cumplir los plazos de instrucción que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal «favoreciendo» así que «la acción penal no alcance sus objetivos». Sin embargo, las fuentes antes citadas recuerdan que según la jurisprudencia del Supremo, para que pueda apreciarse una falta disciplinaria la actuación del juez en cuestión tiene que rozar lo «grotesco», lindar la frontera entre la prevaricación culposa y el error judicial, tiene que ser «algo muy patente». Es decir, no basta con que una resolución «no guste a la Fiscalía» y haya un «encontronazo de criterios», porque esas discrepancias jurídicas se tienen que resolver por la vía de los recursos, como sucedió ayer con la decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar el archivo del caso Formación .

Para Anticorrupción sí hay «abrumadoras» muestras de conductas irregulares, aunque estas no se manifiesten de forma abierta, indisimulada o evidente, sino con una «reiterada pasividad» a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias ya solicitadas o poniendo trabas que puede «sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar» los procedimientos.