El CGPJ aprueba seis de los ocho nombramientos previstos sin amplias mayorías

Las diferencias entre los vocales, que han llevado a retirar dos de las tres plazas en liza del Tribunal Supremo (al no obtener ninguno de los candidatos una mayoría suficiente) se escenificaron desde el comienzo del Pleno, cuando al grupo de los cinco vocales progresistas contrarios a seguir con los nombramientos, se han sumado otros tres vocales del sector conservador que han propuesto retrasarlos hasta la reunión ordinaria de fin de mes para ver si finalmente cuaja el pacto o si al menos se puede llegar a ese Pleno con los nombramientos más consensuados. Fuentes del bloque que tradicionalmente viene apoyando la legitimidad de estos nombramientos, y que está integrado por vocales de distintas sensibilidades, no oculta su malestar con los que se han descolgado de esta última tanda porque, como recuerdan, eran precisamente los más combativos con la reforma del Gobierno que pretender cercenar sus funciones.

Es la primera vez desde el pasado mes de septiembre, cuando se retomaron los nombramientos tras el acuerdo fallido de julio para la renovación, que el Pleno vota los nombramientos con esta fragmentación , pues las 26 plazas que se han cubierto en esos últimos cuatro plenos salieron adelante con mayorías abrumadoras de hasta 18 (e incluso en algún caso, 19) avales de los 21 posibles. En esta ocasión estaba claro que se trataba de plazas más complicadas de consesuar, y prueba de ello es que algunas, como la presidencia del TSJ de Canarias, venía arrastrándose desde hace un año. A ello se suma, además, la antes citada división que ya de por sí existía entre los vocales sobre la decisión de seguir con los nombramientos , especialmente tras el anuncio de las negociaciones para la renovación de los órganos constitucionales que, si bien fructificó en el caso del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, no ha sucedido lo mismo con el resto de instituciones pendientes.

Precisamente esa fue la razón que llevó al Pleno ordinario del pasado jueves a posponer hasta hoy estos ocho nombramientos a la espera de que se cerrara un acuerdo que entonces parecía inminente. Sin embargo, la insistencia de Podemos en proponer al juez José Ricardo de Prada ha paralizado la negociación sin que a día de hoy esté claro sin se retomarán o no los contactos entre PSOE y PP. Entre los vocales del bloque partidario de seguir nombrando ha sentado especialmente mal que, pese a haber acordado la semana pasada que si no habría pacto antes se procedería a cubrir estas ocho plazas, los vocales contrarios a nombrar hayan intentado impedirlo hoy por todos los medios.

Entre los nombramientos aprobados este jueves está solo una de las tres plazas del Tribunal Supremo que estaban en el orden del día: una de las dos vacantes de la Sala Civil, que ha recaido en el expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Antonio García, que ha tenido los 13 votos exigidos. Con estos mismos avales, pero en segunda votación, han salido adelante los nombramientos de Ignacio Subijana para la presidencia del TSJ del País Vasco y de Juan Luis Lorenzo Bragado para la del TSJ de Canarias.

Por su parte, Garbiñe Biurrun ha sido elegida presidenta de la Sala Social del TSJ vasco con 12 votos, mientras que José Antonio Vega Bravo y Luis Miguel Columna lo han sido de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería con 14 y 13 votos respectivamente. Las dos otras dos plazas del Supremo que no han logrado apoyos suficientes se trasladarán al Pleno previsto para el día 25 de marzo, pero no llegarían a votarse si por entonces ya está en vigor la ley que pretende limitar las atribuciones de un CGPJ en funciones, entre ellas los nombramientos. De igual forma, si para esa fecha ya se ha fraguado el acuerdo PSOE y PP que ahora está paralizado, tampoco llegarían a votarse esos nombramientos, de los que se encargaría ya el próximo Consejo.