Cataluña sienta las bases de su concierto económico

Para los nacionalistas, el nuevo sistema de financiación pactado entre el gobierno tripartito y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no es suficiente —aunque supuso para Cataluña unos ingresos adicionales de 3.800 millones— y, a pesar de que ese acuerdo elevó la capacidad de gestión catalana en materia fiscal, CiU aspira a tener competencias absolutas. Y ya trabaja en ello, pues en la última reunión del gobierno, Artur Mas dio instrucciones para dotarse de instrumentos estadísticos sobre los criterios de población que deben utilizarse, ya que en el citado acuerdo de financiación, se perdieron unos 458 millones en 2009 debido a que el Estado dejó de contabilizar 320.000 personas que disponen de tarjeta sanitaria. Paralelamente, el Parlamento catalán ha aprobado, con los votos de CiU, ERC e ICV, la creación de una comisión de estudio del concierto económico y de las balanzas fiscales.

La decisión de PSC y PP de abstenerse en la votación resulta significativo y sólo puede interpretarse en clave tacticista de cara a posibles alianzas postelectorales tras las generales de 2012. Los populares catalanes, liderados por Alicia Sánchez-Camacho, están dispuestos a participar en esas negociaciones, aunque no comparten el proyecto. Una posición muy parecida a la que tuvo el PP en la reforma del Estatuto, donde formaron parte de la ponencia parlamentaria, pero finalmente votaron en contra. El pacto fiscal será el precio que pongan los nacionalistas a su apoyo a la investidura del futuro presidente del Gobierno. Aseguran que, si en su momento se lograron las competencias en tráfico, se eliminaron los gobiernos civiles y se suprimió el servicio militar obligatorio —gracias a los acuerdos entre CiU y PP—, lograr el pacto fiscal no sería tan descabellado.