Dos candidatos a la Agencia de Protección de Datos recurren al Supremo el «subterfugio» del Gobierno

Según informaron a ABC los propios afectados, «el Gobierno, lejos de presentar una propuesta de candidato a la presidencia y a la adjuntía, ha entregado al Congreso de los diputados una terna de candidatos, entre los que se incluyen los previamente anunciados por los dos partidos mayoritarios,   para que sea la Comisión de Justicia del Congreso la que elija, cuando lo que dispone la Ley orgánica es que sólo le corresponde ratificar lo previamente elegido por el Gobierno«.

Recurren por ello la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de marzo que da traslado al Congreso «por considerar la existencia de una vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23. 2 de la Constitución Española) y del principio de independencia de la AEDP». Entienden que «con este subterfugio se busca la complicidad del Congreso en el proceder ilegal pactado por los dos partidos».

En concreto, señalan que «la decisión adoptada y ahora recurrida, vulnera el derecho fundamental a acceder a la Presidencia de la AEPD en condiciones de igualdad y conforme a la ley, al introducir un elemento de valoración política que favorece a los candidatos apadrinados por los partidos y cuyo nombramiento ya había sido anunciado».

Se abre así la posible vía judicial de la que ya informaba este diario cuando el Gobierno publicó esa resolución que de facto   traslada la responsabilidad en la elección del presidente y el vicepresidente al Congreso al ofrecer una terna de nombres para cada puesto, cuando la legislación prevé que debe celebrarse un concurso público al cabo del cual, por méritos y capacidad, el Gobierno elija estos dos cargos y envíe sus nombres a la Cámara Baja a efectos de su ratificación.

El procedimiento está viciado desde el inicio pues imponiendo la Ley que regula la Agencia la puesta en marcha del mencionado concurso, el PP y el PSOE pactaron los nombramientos el pasado mes de octubre, cuando alcanzaron igualmente un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. La presidenta sería Belén Cardona y su número dos, Borja Adsuaga.

El problema es que la ley impone concurso en el caso de la AEDP, a diferencia de lo que ocurre con el resto de instituciones mencionadas. El Ministerio de Justicia publicó la convocatoria en noviembre, con esos dos nombres ya en la prensa. Los aspirantes ya criticaban qué tipo de concurrencia se iba a dar si ya estaban los puestos asignados.

Ahora, Cervera y Martínez acuden individualmente al Supremo como perjudicados, en tanto que eran aspirantes en esa convocatoria, por el último paso en el proceso, el traslado de nombres al Congreso y recuerdan que «la Mesa ya ha advertido las dudas legales que le suscita». «Si solo hay dos puestos a cubrir y son seis los candidatos propuestos por el Gobierno, la ratificación es imposible, salvo que se quiera que la Comisión elija, lo que la Ley orgánica no permite. Se quiere sustituir el nombramiento meritocrático por el político», denuncian.

En su opinión, además, «esta politización en el nombramiento de los máximos responsables de la AEPD no solo es contraria a la Constitución sino también al Derecho de la Unión Europea, al artículo 8 de la Carta de los   Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que exigen la independencia total de la autoridad de protección de datos personales como garantía esencial de los derechos fundamentales«. »¿Cómo puede ser independiente aquél nombrado bajo la sombra de la ilegalidad? «, plantean.