Calvo presionó a magistrados del TC para salvar el primer decreto de alarma

Calvo, profesora de Derecho Constitucional e «interlocutora» del Ejecutivo con el TC , manifestó a miembros del tribunal la necesidad de salvar la constitucionalidad de un estado de alarma que a día de hoy la mitad del Pleno considera que no limitó derechos fundamentales, sino que los suspendió, lo que solo puede hacer un estado de excepción.

Las presiones denunciadas para que los magistrados no tumben el decreto del Gobierno han ido más allá del ya reprobable contacto con miembros del tribunal con los que mantiene una buena sintonía, como María Luisa Balaguer, para que convenza a sus compañeros . La propia Calvo se ha empleado a fondo para salvar ese decreto y, con él, la imagen de un Gobierno vapuleado ya en estos últimos tiempos con el informe de los indultos del Supremo o con la decisión del propio TC de anular la treta por la que el Ejecutivo metió a Iglesias en la comisión del CNIa través de un decreto-ley de medidas urgentes del Covid. O más recientemente el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora de RTVE.

Entre los «tocados» por Calvo, el propio ponente, Pedro González Trevijano, quien ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la exvicepresidenta y ha mantenido su borrador en los mismos términos que el primero que presentó ante el Pleno hace un mes: favorable a declarar la inconstitucionalidad del confinamiento . En el caso de otros magistrados se desvincula la postura que defienden respecto a este asunto de cualquier matiz o influencia política, aunque es cierto que Balaguer inicialmente estaba de acuerdo con la ponencia de Trevijano y ahora está en contra.

Pese a los quince días de margen que los magistrados se dieron para volver a abordar el recurso de Vox –un tiempo en el que cada magistrado ha aportado sugerencias al ponente–, el Pleno sigue fracturado en dos sin que ambos bloques se correspondan con las sensibilidades progresista y conservadora en el TC. Así, partidarios de apoyar la ponencia de Trevijano están solo cinco de los siete magistrados conservadores. Los otros dos, Andrés Ollero y el presidente del TC, Juan José González Rivas, se han unido a tres progresistas y no ven inconstitucional ese estado de alarma. El voto de la vicepresidenta –también progresista– Encarnación Roca, que en otras ocasiones ha votado con el sector conservador, será determinante para inclinar la balanza a favor de declarar la restricción de la libertad de circulación acorde o no con la Carta Magna.

En el TC son conscientes de que sobre este asunto se hará una lectura política y también que sería deseable que la sentencia alcanzara el mayor acuerdo posible teniendo en cuenta que sentará las bases de futuras declaraciones de alarma que puedan hacerse, aunque el presidente del Gobierno ya ha anunciado que una Ley de Seguridad Nacional podrá dar cobertura a situaciones como la pandemia vivida.  

Sin embargo, a juzgar por el Pleno de este martes, las posturas siguen tan enrocadas como estaban, con lo que esta misma semana se someterá a votación el borrador de Trevijano sin más dilación . Cuando a las dos de la tarde se suspendió la reunión habían intervenido la mitad de los magistrados, entre ellos el ponente, con lo que es previsible que hoy se emplee también toda la mañana en terminar el turno de intervenciones para llevar a cabo, a continuación, la votación. El Pleno termina mañana, con lo que si no se diera tiempo hoy, los magistrados disponen de otra jornada para cerrar este asunto.

Uno de los asuntos en los que ha profundizado el ponente con las aportaciones de sus compañeros es el alcance de un eventual fallo de inconstitucionalidad del confinamiento , es decir la repercusión que puede tener sobre reclamaciones planteadas por ciudadanos o empresas. Como publicó ABC, hay consenso en que las multas derivadas de esa suspensión de la libertad de circulación serían anuladas (de hecho, muchas no se han llegado ni a cobrar) pero la reclamación de indemnizaciones es algo que el ponencia inicial estaba «abierto», reconocen fuentes de TC.

La primera ponencia dejaba clara la imposibilidad de revisar los procesos judiciales y administrativos en los que hubiera recaído sentencia firme pero sí permitía la revisión de aquellos relacionados con el confinamientos domiciliario, es decir, las multas por saltarse la prohibición de libertad de circulación. La nueva ponencia subraya que la sentencia del Tribunal Constitucional no será, por sí sola, título bastante para presentar reclamaciones por responsabilidad del Estado legislador ya que, en casos extremos como ha sido el de esta pandemia, los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido.