Barcelona-Alicante, ruta del dinero negro

La investigación revela una «vinculación directa» con responsables del PP de la Comunidad Valenciana y de los órganos de Gobierno de la Comunidad. Sostiene la Policía que Orange Market, empresa del grupo, tiene una doble facturación con el PP: una real, con factura e IVA denominada «Alicante» y otra sin factura ni IVA (caja B), llamada «Barcelona», fuera del sistema económico en la que se habrían hecho pagos en negro por valor de más de seis millones de euros.

Facturas alteradas

Para financiar la deuda de la «Alicante» -la legal- se emiten algunas facturas también alteradas (cambio de concepto del servicio prestado o de cliente, de forma que en lugar de aparecer el PP lo hacen empresas privadas de esa comunidad), según los informes policiales. Las escuchas revelan varias conversaciones donde dos de los imputados (Crespo y Pérez, «el Bigotes») ponen en boca de Ricardo Costa que pagará «lo que se ha hecho en Alicante, pero que de Barcelona (dinero negro) no le podía pagar nada...».

Existe además, según el sumario, una «financiación» de actos del PP valenciano por parte de empresarios con la peculiaridad de que son esas compañías las que suelen obtener los contratos públicos -la Policía incluye una lista completa de sociedades-. «Los contratos son obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política», señalan los informes. Costa es la persona que, según la Policía, actúa como «canalizador» de pagos con fondos ajenos, según las escuchas.

Los informes aportados siguen el rastro de la organización en relación también con el PP de Madrid (Arganda, Majadahonda, Pozuelo y Boadilla). Correa «no sólo organiza actos y campañas electorales», va más allá. «Tiene control sobre municipios con las tasas de desarrollo urbanístico más altas de Madrid» y lo hace mediante comisiones que se reparten entre los políticos y él mismo, subraya un documento policial de 31 de julio pasado.

En cuanto a Galicia, el mismo informe desgrana que el PP de esa comunidad pagó en dinero negro el 52 por ciento de los actos celebrados entre abril de 1996 y septiembre de 1999, cuando el «número 2» de la trama, Pablo Crespo, era secretario de organización del partido.

En esas fechas fueron facturados al PP gallego más de tres millones de euros en «B», tal y como figura en la documentación intervenida en una caja de seguridad de un banco de Pontevedra. En un archivo denominado «campaña gallega 01» se recogen cinco pagos (el total es de 11 millones de pesetas). En tres figura el IVA, en los dos siguientes no existe ese pago, según un informe de la Agencia Tributaria. «Aunque el dinero parece corresponder a servicios prestados por las empresas de Correa para las elecciones, se desconoce quién realizó ese pago».

Joyas, viajes, dinero

El «cerebro» de la trama ha desplegado una incansable actividad para corromper a responsables políticos entregándoles dinero en metálico, joyas, coches caros, relojes, ropa o viajes, pagados con fondos de la caja B, señala la Policía, que hace constar un regalo peculiar: Correa compró un teléfono a la jefa de prensa de Camps.

La organización delincuencial, cuya actividad comenzó en el año 2000, se fue especializando y repartiendo las tareas, de forma que «sólo quien está a la cabeza tiene una visión de conjunto».

La organización saca de España los fondos obtenidos con destino a sociedades radicadas en paraísos fiscales como las Antillas Holandesas o las Islas del Canal con el fin de blanquearlos; los reintroduce de nuevo mediante la ampliación de capital de sociedades patrimoniales (gestionadas por José Ramón Blanco) y luego los invierte sobre todo en inmuebles. Los informes policiales describen asimismo el papel de numerosos intermediarios para dificultar el rastreo de las operaciones irregulares y cómo esos intermediarios también participan en el «lavado» de fondos.

Los cabecillas y sus colaboradores mantienen una parte de las ganancias en líquido para sostener el tren de vida, entre lujoso y hortera, que se infiere de las escuchas. Ese dinero contante está en cuentas bancarias de Miami, Ginebra, Londres, Amsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco.

Un piso de seguridad

La organización está asentada en las Administraciones públicas y se basa en obtener «favores» políticos a cambio de dinero. Contaba incluso con un piso de seguridad, en caso de David Luis Cerezo (uno de los imputados), en la calle General Martínez Campos de Madrid. En ese piso se encontró una carpeta con un curioso nombre «Embolados» en la que figura la famosa carta que envió Correa primero a Arenas y luego a Fraga reclamándoles la deuda que tenía con sus empresas el PP gallego; eso tras recordarles que les había organizado las campañas desde 1993.