Desahuciada por avalar el piso de un hijo

En nuestro país, esta crisis global fue alimentada con la idiosincrasia de nuestro mercado inmobiliario —hinchado en años con especulación y alegría crediticia y reventado en un tris cual burbuja—, el galopante paro, la deuda, etc. El consabido drama que suma capítulos (los juzgados españoles recibieron el año pasado 93.622 ejecuciones hipotecarias, casi cuatro veces más que en 2007), y que no avista un futuro mejor. A los menos pesimistas sólo cabe recordarles que el Euribor encadena subidas y estaba el pasado miércoles al 2,033%.

Una imagen que ilustre el problema puede ser la de Ana G. C., una mujer de Badalona de 55 años que medio oculta su nombre y algunos detalles de su historia por temor . Teme enfadar a su marido, que no es partidario de airear su ruina y al que el orgullo le lleva a fingir ante los vecinos que no pasa nada; y teme que su caso, a día de hoy ralentizado en los juzgados por no se sabe qué, adquiera velocidad terminal. Si nada cambia, tarde o temprano se producirá el lanzamiento, en argot judicial. Si así fuera, Ana, que en junio de 2010 vio subastado el piso que tiene desde hace 30 años y en el que aún vive, se vería definitivamente en la calle. Como su hijo Joaquín, que sigue viviendo en su casa de Montgat (Barcelona) que técnicamente ya no es suya, sino del banco, a la espera de que le den la puntilla del desalojo. Padres e hijos desahuciados por el impago de una misma hipoteca. «Durante meses estuve viviendo entre cajas. Con todo empaquetado para el desahucio», explica Ana, y desgrana su historia.

Arrasados por la crisis

En 2005, su hijo Joaquín, un joven que a sus 25 años ya comandaba una empresa de transportes en camión en la que también tenía empleado a su padre, se lanzó al ruedo. Con su entonces pareja, Isabel —las deudas han arruinado también este matrimonio y han dejado a una niña en custodia compartida—, vendieron una primera casa en la que vivieron un año y fueron a por otra: más grande, mejor. La vivienda costaba unos 252.000 euros. Una caja de ahorros —de cuyo nombre prefieren no acordarse— les concedió un préstamo hipotecario de 242.500 euros, con el que también querían sufragar parte de unas obras de reforma de su nuevo y anhelado hogar. En su favor, una buena entrada por los ingresos por la venta de su anterior vivienda.

Joaquín trabajaba, su mujer también y el negocio de transportes marchaba. Sin embargo —y por ahí asoma el fatal desenlace— la entidad bancaria le concedió el préstamo con la condición de que tuviera una doble garantía. En caso de impago respondería en una parte proporcional la casa del hijo y, en otra parte, el piso de sus padres. «¿Quién no avala a un hijo?», se excusa Ana, a la que su marido le recrimina que embarcara al matrimonio en este gesto de apoyo económico.

Al principio, los primeros años, su hijo y nuera —que también trabajaba— pagaron religiosamente la cuota de la hipoteca, que era de 1.900 euros al mes, pero el negocio de transportes empezó a zozobrar por la subida del precio del gasóleo y por el impago de algunos clientes . En septiembre de 2009, después de sumar tres cuotas sin abonar, la caja de ahorros presentó una demanda de ejecución hipotecaria sobre las dos viviendas. La casa del hijo se subastó en abril de 2010 y se la adjudicó el banco por el 50% del precio de tasación —125.000 euros— después de que nadie más pujara por ella; en estricto cumplimiento de la ley. En junio de ese año, se subastó el piso de Ana y también recaló a manos de la entidad bancaria. «Ya no debemos más al banco, pero nos hemos quedado sin nada», se lamenta Ana. Ella trabaja de mujer de la limpieza y su marido percibe la renta mínima de inserción (PIRMI). Su hijo Joaquín, tiene trabajo por cuenta ajena porque su empresa se fue al garete, para vivir él y contribuir al cuidado de su hijita.

«Ya, ya, pero es que la ley está mal hecha, es perversa», replica Ana cuando se le hace notar que ella firmó lo que firmó y que «las partes acuerdan» es una frase que aparece en toda la documentación del banco y del notario. A su lado, su abogada, A.C.B., designada de oficio y a la que recurrieron cuando la ejecución estaba en una fase irrecurrible, demasiado tarde, asiente cómplice. Aunque no ceja en revisar el expediente en busca de un resquicio de luz... Si no media sorpresa, lo de Ana G.C. apunta a desalojo. En breve la arrastrará la corriente de esta lacra social de las ejecuciones hipotecarias que tiene movilizados en contra a parte de la sociedad civil y a algunos partidos, como IU, ERC, ICV y el BNG, y que ha cosechado alguna sentencia judicial que clama por reformas legales para auxiliar a los deudores.

Iniciativa Popular

En estas lides, la empresa ciudadana más avanzada en este sentido es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por sindicatos como UGT y CC.OO., la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras entidades, que se registró en el Congreso el pasado 30 de marzo. Piden modificar la ley hipotecaria para permitir la dación en pago, es decir: que quede saldada una deuda hipotecaria con la entrega del piso. Pero la dación tiene sus detractores. Cuando se le inquirió al respecto en el Congreso, Zapatero advirtió de que no se puede poner en riesgo la delicada salud financiera de las entidades bancarias españolas, inmersas en pleno proceso de reordenación.

Hay quien sugiere recetas intermedias. El Consejo de la abogacía catalana presentó el pasado marzo en el Congreso una propuesta, impulsada desde el Colegio de Abogados de Barcelona, alternativa a la dación en pago y al sistema actual y que precisaría de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En síntesis, proponen que a través de un trámite ante el notario se salde la entrega de la vivienda para cancelar parcialmente la deuda . Un procedimiento extrajudicial que ahorraría costes para la Administración y para el deudor.

Además, propugnan que el deudor pueda entregar la vivienda al banco por un importe mínimo del 80% del valor de tasación, y no el 50% establecido ahora, con lo que se aseguraría obtener más dinero para saldar sus deudas. «Instaurar la dación en pago no es factible. Si todo el mundo deja de pagar la hipoteca y entrega el piso provocaríamos una crisis financiera a los bancos», advierte Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del ICAB. Y, de nuevo, círculo vicioso, se acuerda uno del policía de Cleveland en pleno desahucio...