La Audiencia Nacional reabre el caso Vitaldent y reprocha al juez instructor su «drástico giro argumental»

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman así los recursos de apelación de la Fiscalía y de una acusación particular (a los que se adhirió la Abogacía del Estado) contra el auto en el que el pasado 13 de octubre el juez Manuel García-Castellón acordó el sobreseimiento de las actuaciones. La Sala considera que después de una larga investigación hay indicios que se pudieron cometer los delitos de los que hablan las partes, por lo que esos indicios tienen que ser clarificados. «Así lo ha entendido este Tribunal, e incluso el magistrado instructor, en las numerosas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de resolver incidentes y recursos individuales acerca de la existencia de dichos indicios racionales de criminalidad con relación a concretos y determinados investigados". La propia acusación aludía en su recurso a las ocasiones en las que el instructor desestimó las solicitudes de sobreseimiento de los investigados. Por esta razón la Sala no oculta su sorpresa por «el drástico giro argumental efectuado por el titular del órgano judicial instructor, cuyas consideraciones respetamos, pero no compartimos».

A juicio de esta Sección Cuarta, la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de «una unidad de propósito y dirección» de los investigados, que «crearon y controlaban una estructura organizada con pretensiones de permanencia« dirigida por los investigados Ernesto Ramón Colman y Bartolo Conte, en la que cada uno de los implicados protagonizaba un especifico rol dentro de una operativa compleja. Su objetivo final, añade, cometer fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y blanquear los beneficios obtenidos en esa estructura empresarial. Aquí participaban sociedades franquiciadoras, sociedades franquiciadas y sociedades de asesoría contable, fiscal, laboral y de servicios, con ámbito espacial no circunscrito a España, puesto que la red se extendía a países como Holanda, Suiza y Luxemburgo.

En relación con los delitos contra la Hacienda pública, contrariamente a lo considerado por el juez instructor, la Sala entiende que sí se han cuantificado las cantidades defraudadas en dos impuestos, el de Sociedades a IVA. Por el primero, se alcanzan casi los seis millones de euros por cuotas impagadas de los ejercicios de 2013 y 2014 , mientras que por el segundo se supera el millón de euros, rebasando el límite establecido para ser considerado delito.