La Audiencia Nacional duda de su competencia para juzgar al comisario Salamanca por el caso Villarejo

En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, fechada el 22 de noviembre, el tribunal que componen Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, que es el ponente, expone que «examinadas nuevamente las actuaciones de la pieza separada número 1» del caso Villarejo, «en ella se aprecia que figuran como acusados dos investigados que ninguna relación tienen con los principales implicados en el resto de las piezas separadas incoadas de las que se tiene conocimiento».

«De lo cual se deduce que, en principio, dicha pieza separada ninguna vinculación pudiera tener con las restantes piezas separadas generadas en la misma causa, con lo que pudiera no serle aplicados ninguno de los criterios previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la competencia de este tribunal de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos a que se contrae», expone.

Y por eso, da traslado a la Fiscalía Anticorrupción, a la acusación popular que ejerce Podemos y a las defensas de Salamanca y Menéndez para que se pronuncien al respecto en un plazo de cinco días, aún vigente, «sobre la competencia de este tribunal para enjuiciar los hechos o bien para que sean remitidas las actuaciones de esta pieza separada al tribunal competente ». Después, dará «una respuesta jurídica» a la cuestión.

Este tribunal no es el mismo que ahora está celebrando un juicio contra Villarejo y una treintena de acusados, aunque se trata igualmente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la presidenta es Ángela Murillo. En el caso del juicio a Salamanca y Menéndez, lo integra junto a los magistrados Palacios y Martel, que es el ponente. En el que se está celebrando estos días y que afecta a tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor), se sienta Murillo junto a Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri.

Sin embargo, la resolución que cuestiona la competencia en el caso ha sido una revolución entre las defensas que ahora mismo se baten el cobre con peticiones de cárcel que en suma, superan los cien años en el caso del comisario. En las primeras sesiones del juicio, todos los abogados que intervinieron plantearon que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar estas tres piezas separadas porque se trata de delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y extorsión que nada tienen que ver con el blanqueo internacional que motivó la apertura de la causa en los Juzgados Centrales de Instrucción.

De acuerdo a las fuentes consultadas en esas defensas, la providencia, estando además dictada por la misma Sala, aunque no sea el mismo tribunal, es un acicate para seguir reivindicando que o se enjuicia primero la organización criminal y este procedimiento se suspende hasta entonces, o directamente se manda a los juzgados de Plaza de Castilla . El primer escenario es poco plausible, explican en fuentes jurídicas a ABC, no se habría visto cosa igual.

Este viernes se reanuda el juicio y una vez acabe su exposición la defensa del comisario Villarejo y se remate el trámite de las cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción rebatirá este planteamiento . Desde el inicio ha sostenido que toda la causa está conectada y a golpe de recursos de imputados, la Sala de lo Penal ha venido avalando tanto que se articule en piezas separadas como que se investigue en la Audiencia Nacional . Las defensas lo que dicen es que esa conexión viene de la presunta existencia de una organización criminal, pero no estando la organización juzgada ni por tanto, acreditada, todo lo demás se sale del hilo conductor. El tribunal puede decidir resolver este asunto sobre la marcha en el plenario o celebrar el juicio y razonar su respuesta ya después, en la sentencia.

Mientras, queda en espera de informes y de que se pronuncie el tribunal el destino de Salamanca y Menéndez, que han sido enviados a juicio por el presunto negocio que montaron entre ambos y que cuatro años después de la imputación, pueden acabarse viendo en Plaza de Castilla. La acusación sostiene que este comisario, a cambio de dádivas y regalos, daba trato vip en Barajas a unos clientes ecuatoguineanos de Menéndez e incluso les facilitaba la entrada en España no cumpliendo los requisitos para ello. Él, por su parte, acumulaba un rosario de presuntos delitos fiscales.

De acuerdo a las actuaciones, Salamanca fue quien puso en contacto a Menéndez y a Villarejo , porque sus clientes no sólo tenían problemas para entrar en España sino además, una trama en la propia Guinea Ecuatorial que requería de sus 'servicios'. Así nació el proyecto King, el mismo por el que fue detenido Villarejo cuando Menéndez relató en Anticorrupción que Salamanca y él no hacían más que sacarle dinero. En cuanto a los ecuatoguineanos, les presupuestó servicios por cinco millones, aunque lo que consta en la causa es que facturó cerca de dos. Esa rama del asunto se sigue aún investigando.