La Asociación de Fiscales pide formalmente por escrito la documentación del caso Stampa

La AF, mayoritaria en la carrera, toma la decisión de pedir la documentación relativa al caso Stampa por escrito después de que en el Consejo Fiscal del pasado miércoles se les negara alegando que era materia «reservada». Se trata de la única forma de constatar si, como ha denunciado el propio Stampa y corroboró en ABC el fiscal encargado de la investigación a su compañero, Carlos Ruiz de Alegría (quien pertenece a la Unión Progresista de Fiscales) hubo un interés «sibilino y torticero» por prolongar una investigación que ya estaba agotada. Y es que tras decretar Ruiz de Alegría el archivo de la investigación con anterioridad a ese Consejo Fiscal y dar cuenta de ella a la Fiscalía General, el jefe de la Técnica, Álvaro García Ortiz, «sugirió» practicar más diligencias hasta en dos ocasiones. Ante la negativa de Ruiz de Alegría a prolongar innecesariamente estas diligencias, el fiscal-jefe de Madrid, Jesús Caballero, acabó asumiéndolas con el mismo resultado: el archivo, pero ya después de la celebración de ese Consejo Fiscal. Stampa ha presentado ante el Ministerio de Justicia una demanda de reclamación patrimonial al considerar que su salida de Anticorrupción en 2020 se produjo de manera irregular y apunta a Dolores Delgado como responsable. Alude a su «interés personal» en el caso Villarejo y a la relación de su «pareja sentimental», Baltasar Garzón, con algunos investigados.

Y esta es precisamente una de las circunstancias por las que se interesa la Asociación de Fiscales en su escrito. Entre la documentación solicitada pide el listado de abogados que intervienen en el caso Tándem en la Audiencia Nacional, los fiscales que han llevado estas diligencias desde su incoación y si el despacho de Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados . También los expedientes disciplinarios y las diligencias abiertas a Stampa y, en el marco de las mismas, las «sugerencias» de García Ortiz a la Fiscalía de Madrid. Pregunta también por el expediente de abstención de Delgado –si lo hay– en relación a las diligencias abiertas contra este fiscal. Consideran que la fiscal general debió abstenerse al ser parte afectada (artículo 15.2 del Reglamento Interno del Consejo Fiscal).

En el comunicado posterior al último Consejo Fiscal, donde se le negó el acceso a esta documentación, la AF señalaba que la considerarla reservada y negarse a comunicarla «no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones«. Como adelantó ABC este lunes, la AF estudia llevar al Tribunal Supremo la posible negativa de la fiscal general a informar a los vocales del Consejo Fiscal sobre los aspectos antes citados.

Ya en el congreso de la Asociación celebrado el pasado fin de semana, la AF exigió la «dimisión inmediata» de la fiscal general al considerar que carece de «idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de intereses». «Las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra Institución», concluyó en su congreso.

Tras conocer la petición de información por parte de la Asociación de Fiscales sobre los abogados que intervienen en Tándem, y antes incluso de saber si Delgado va a acceder a entregar la documentación solicitada , el despacho que dirige su pareja, Baltasar Garzón, Ilocad S.L., ha enviado un burofax a la Comisión Ejecutiva de esta asociación en el que revuelve por la petición de información de los vocales del Consejo Fiscal.

Así, y tras recordar que Ilocad S.L. no puede representar jurídicamente a nadie y que quien participa en los procedimiento son abogados que están colegiados, reprocha a la Asociación de Fiscales que pretenda acceder a datos profesionales de abogados, «vulnerando con ello el derecho al secreto profesional propio de la Abogacía y, lo que es más grave aún, alterar el efectivo y normal desarrollo del derecho de defensa sin intromisión ilegítima de ningún tipo, al pretender acceder a información de carácter reservada como son las actuaciones judiciales penales en las que no tienen ningún tipo de interés legítimo». «Tampoco hay ningún tipo de razón (al menos no la dan) para entender por qué desde la jefatura superior del Ministerio Fiscal se tienen que conocer los datos de los profesionales de la abogacía que actúan en cada una de las causas judiciales que se estén tramitado en España y mucho menos cuál es la relación que vincula a dichos profesionales con una concreta sociedad mercantil, como es nuestro caso».

Pese a que quienes reclaman esa documentación son vocales electivos del Consejo Fiscal, y no la Asociación de Fiscales como tal, el despacho de Garzón niega que la AF tenga ningún tipo de legitimación «para sustentar la petición de la información que interesa».

En defensa de la fiscal general señala que Delgado insiste en que ella no tiene «ningún tipo de facultad competencia para acceder a la información reservada que se interesa por esta asociación, por su irrelevancia judicial en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y porque, en todo caso, tendría que haber tenido lugar la participación del Fiscal afectado y del Fiscal Jefe respectivo».

Garzón habla de un daño reputacional a su despacho que estarían produciendo las informaciones que aluden a que Ilocad S.L. defiende a tres acusados de Tándem , un daño que se traduce «en un evidente perjuicio económico (...) y una injustificada presión hacia nuestros clientes -y potenciales clientes-, así como una lesión del legítimo ejercicio de la profesión y a no padecer ningún tipo de intromisión en el ejercicio de la misma por parte de los respectivos letrados en todos y cada uno de los casos que se están tramitando dentro y fuera de nuestro territorio nacional».

El despacho pide así a la Asociación de Fiscales que emita «una copia certificada» de las actas de votación, debate y propuestas sobre la decisión de pedir a Delgado «información escrita de abogados intervinientes en Tándem y sobre si despacho ha ejercido la defensa [sic] de alguno o varios de los investigados».

Solicita también copia certificada sobre «si en alguno de los congresos y reuniones previos de esta asociación se han debatido o sometido a votación cuestiones referidas al ejercicio profesional de abogados que tengan relación de amistad, familiaridad o cualquier otro tipo análogo de afinidad con fiscales».