La mayoritaria Asociación de Fiscales exige la «inmediata dimisión» de Delgado

El último capítulo, lo que ha colmado la paciencia de esta asociación, ha sido la denuncia del fiscal del caso Stampa en este periódico el pasado jueves. Carlos Ruiz de Alegría asegura que la mano derecha de Delgado, el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, dilató de forma «sibilina y torticera» la investigación al fiscal del caso Tándem (Ignacio Stampa) con el objetivo de que llegara con ella abierta al Consejo Fiscal en el que se postulaba para ocho plazas en Anticorrupción. Dice Ruiz de Alegría, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la fiscal general, que no había ninguna diligencia más que practicar y que la investigación estaba agotada pero que se forzó mantenerla abierta. Se da la circunstancia de que el despacho de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, defiende a tres imputados de la causa de la que era fiscal Stampa. Y a ese posible conflicto de intereses que sobrevuela este caso se refieren las conclusiones aprobadas por la AF.

En ellas, la Asociación de Fiscales considera que la fiscal general debe dimitir de forma inmediata «por carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de intereses». «Las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra Institución», señala.

La Asociación de Fiscales recuerda que la fiscal general del Estado tiene la obligación legal de abstenerse en todos aquellos asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o que afecten a políticos , y eso implica que no puede recabar información sobre aquéllos en los que no deba intervenir.

Recuerdan los fiscales que es necesario que el procedimiento de nombramiento y remoción del fiscal general del Estado «garantice la independencia» del mismo frente al Gobierno y que se impida la designación de fiscales generales procedentes de la política.

«Ante la gravedad de la situación actual del sistema de Justicia, sometido a una feroz estrategia de deslegitimación, y ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional de la fiscal general del Estado, la Asociación de Fiscales reclama un nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, imprescindible para asumir la investigación con garantías». Se refieren a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja en manos del fiscal la instrucción penal que ahora lleva el juez.

En este sentido los fiscales recuerdan que la autonomía institucional del Ministerio Fiscal «exige potestad reglamentaria para ejercer sus facultades propias de autoorganización y de gestión presupuestaria, incluida la formación de los fiscales, eliminando la tutela ministerial». Un ejemplo esclarecedor de lo que implica la dependencia económica del Gobierno es el hecho de que el Ministerio tenga que autorizar los gastos derivados de una comisión rogatoria que se lleva a cabo en el marco de unas diligencias secretas que pudieran afectar a algún miembro del Ejecutivo. Algo que debería ser secreto levantaría ya todo tipo de suspicacias el gobierno en cuestión.

La AF solicita también un «reforzamiento de las funciones del Consejo Fiscal, como órgano de representación democrática de la carrera». «Exigimos que se vuelva a una política de nombramientos motivada en los principios de mérito y capacidad, abandonando la arbitrariedad que impera en los nombramientos de la fiscal general del Estado», a la que se acusa de haber tomado la cúpula fiscal con sus afines de la Unión Progresista de Fiscales.

Entre las conclusiones, otras reivindicaciones clásicas de la carrera: el aumento y adecuación de la plantilla, establecimiento cargas máximas de trabajo, un plan de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, revisión de retribuciones y productividad y actualización de dietas.

Por último, la Asociación de Fiscales ensalza y reivindica «el trabajo riguroso» de los 2.553 integrantes del Ministerio Fiscal que, «al margen de las deficiencias existentes en nuestra institución, cumplen cada día con su deber de promover la acción de la justicia, desde la imparcialidad y con sometimiento pleno a la legalidad».