Anular las pruebas, la batalla de los acusados en el primer gran juicio a Villarejo

Una de las estrategias es enervar la validez de las entradas y registros y así de las pruebas que se intervinieron. Lo hacen a partir de la relación entre lo que estaban buscando los policías autorizados por el juez y lo que acabaron encontrando. La clave está en que las diligencias se abrieron por delitos de blanqueo de capitales internacional y organización criminal que aún se siguen investigando, pero ninguno de esos ilícitos son los que ahora van a juicio: cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y extorsión. Consideran que para estos indicios no había autorización judicial expresa y por eso, quieren tumbarlo.

Con esa estrategia se cuestiona además la sucesión de «hallazgos casuales» que ha venido dando lugar a la apertura de hasta 30 piezas separadas del Caso Villarejo, como las tres que están sometidas ahora al tribunal. Las defensas entienden que estas piezas no están vinculadas con la original sobre blanqueo y que los delitos que contienen no serían competencia de la Audiencia Nacional . Este asunto ya lo aclaró la Sala de lo Penal durante la instrucción, como ha venido avalando las piezas separadas.. Lo que alegan las defensas es que debió enjuiciarse primero la organización criminal pues si eso no se acredita todo lo demás decae.

Si se avalan los registros, el siguiente paso sería tumbar las pruebas. La defensa de Rafael Redondo, que es uno de los tres principales acusados en el juicio como abogado de las empresas de Villarejo y coprotagonista de toda la trama, incidió en este punto. Según alegó el abogado Antonio Tapia, Asuntos Internos no siguió las instrucciones precisas que había impuesto el juez para recoger las pruebas, pues en lugar de clonar los dispositivos informáticos sobre la marcha, como estaba previsto, se los llevaron, «en algunos casos sin precintar» y los tuvieron bajo su única custodia «al menos 17 días». Aseguró que todos los efectos intervenidos tanto en las dependencias de su cliente como en las de Villarejo permanecieron «en un limbo» ese plazo, hasta finalmente entrar en el juzgado. Pidió, en una pretensión que refrendaron otros acusados, como el letrado David Macías o la representación de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, que todo el arsenal fuese anulado. El tribunal podrá pronunciarse sobre este asunto cuando acaben de expresar todos los abogados sus cuestiones previas o hacerlo después, ya en la sentencia. Y diga lo que diga, tendrá consecuencias para toda la causa, ya sea por respaldar lo actuado como por tumbar lo que aún sigue acreciendo el caso.

Y dentro de las pruebas, las hay más espinosas. Una batalla que se libra desde la instrucción y que ahora se pone a juicio del tribunal es la validez de los audios del comisario. Las defensas inciden por un lado, en que al no haberse intervenido dentro de los soportes originales de grabación pueden estar perfectamente «alterados» , en palabras del los abogados de Gemma Alcalá, Carlos Vaquero y Sergio Nuño. Ante la Sala, esgrimieron que el auténtico objetivo de Asuntos Internos en las entradas y registros eran estas cintas con el empuje del CNI para poder abrir una causa general contra Villarejo. Llevan así, la misma línea que el comisario, quien ,ha dicho por activa y por pasiva que Tándem no es una causa, sino una trampa. Pero al enervar los audios, plantearon un asunto delicado: En algunas de las cintas las conversaciones podrían serlo en calidad de abogados y clientes, dado que entre otros, Redondo lo era. Dejaron sobre la mesa una posible vulneración del secreto profesional que dicen, los invalidaría como prueba.