Anticorrupción investiga contratos vinculados a Sánchez, Illa y Calviño

En total, Ayuso puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción trece operaciones por importe superior a 326 millones de euros de las que se incoarán diligencias sobre las siete relativas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital, e industrias plásticas Playbol, según concreta un decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón, que llevará personalmente parte de las investigaciones.

En relación a los contratos de emergencia por la pandemia, considera «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados», atendiendo «a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia».

«Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa», señala el decreto firmado por Alejandro Luzón.

Es una respuesta similar a la que ofreció Anticorrupción cuando fueron Podemos, Más Madrid y el PSOE quienes acudieron a denunciar una compra de mascarillas del Gobierno regional a la empresa que regenta un amigo de Díaz Ayuso y su hermano, que obtuvo además un beneficio por una intermediación en la adquisición del producto. Ese asunto sigue bajo investigación.

Conforme explica el decreto, esa «inicial indagación» pertinente sobre los hechos que expone la denuncia «no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias».

La denuncia, que fue ampliada más tarde por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, señalaba presuntos delitos de malversación de caudales públicos en los contratos de emergencia durante la pandemia, pero no sólo, pues como detalla el escrito de Anticorrupción, «afecta también a otros contratos y a la concesión de subvenciones públicas al margen de la situación de emergencia motivada por la pandemia del Covid-19».

« Aunque las circunstancias de legalidad aplicable sean diferentes, no lo son las pautas de actuación de la Fiscalía en su función investigadora, razón por la que resultan igualmente atendibles las consideraciones expuestas, que determinan la necesidad de practicar algunas diligencias para confirmar o descartar la posible relevancia penal de los contratos», añade.

En este sentido, Anticorrupción ha abierto diligencias por los fondos recibidos por Beedigital, antes Páginas Amarillas ; empresa donde trabaja el marido de la ministra Calviño. Tal y como explicaron en el Grupo Popular en la Asamblea cuando acudieron a Anticorrupción a ampliar la denuncia inicial para incluir este asunto, entienden que las cuentas «reflejan la existencia de una pérdida patrimonial y la posible deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, dos hechos muy importantes que inhabilitan a cualquier empresa para ser contratada por la Administración General del Estado».

Esta empresa, según la versión de los populares, «recibió contratos del ministro Escrivá por reputación on line« y fue acreditada como intermediario digital »dentro del plan de Kit Digital« del Ministerio de Economía. Denunciaban igualmente el acceso a dos créditos ICO en estas condiciones.

Asimismo, se investigarán las ayudas del Gobierno a Plásticas Playbol, una empresa en la que según decía la denuncia, tendrían intereses los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De acuerdo a los datos de la denuncia que refleja el decreto de Anticorrupción, se trataría de un total de 14 ayudas públicas por importe de 64.959,82 euros en calidad de avales . Esta investigación, como la relativa a Beedigital, las asumirá personalmente Alejandro Luzón.

Conforme resume el decreto, que adjudica las diligencias sobre contratos Covid al fiscal Luis Pastor, «el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador; y las irregularidades, básicamente, son: la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos».

La primera de las diligencias es la relativa a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, beneficiaria de un contrato adjudicado de manera directa por la empresa pública Puertos del Estado para el suministro de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros, de otro, también directo, procedente de ADIF por importe de 12,5 millones y uno más, de Interior, por 3.479.355 euros . La denuncia señala que esta empresa se dedica a asesoramiento en energía, agua e infraestructuras agrícolas y opera en Angola, Guinea o Túnez, y pese a ello, y a no haber tenido facturación en 2019, fue elegida para suministrar material sanitario.

En cuanto a la investigación sobre FCS Select Products, recibió cuatro contratos para suministrar mascarillas, guantes y gafas de protección por un importe de 236.126.600 euros. desde el Ministerio de Sanidad, no siendo tampoco una empresa destinada a la fabricación de material sanitario. La denuncia añadía que su administradora tenía antecedentes por estafa agravada y recibió en 2020 «adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación».

La tercera es la que afecta a Members of The Tribe, beneficiaria de dos contratos para suministrar guantes por importe total de 9 millones también de emergencia y desde el Ministerio de Sanidad y vendiendo el producto a 0,10 euros la unidad, «un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores» según exponía la denuncia.

En cuanto a las diligencias de investigación sobre Weihai Textile Group, la denuncia señala que Sanidad le adjudicó un contrato para el suministro de 500.000 batas desechables por un valor de 10.192.605 euros a 16,7 euros la unidad, «un sobrecoste incomprensible, inasumible e inadmisible», de acuerdo a la denuncia del Grupo Popular en la Asamblea.

También fue de Sanidad el contrato con Hyperin, de nuevo, en pandemia. Se adjudicó para la adquisición de 144 dispositivos de ventilación mecánica por un valor de 3.310.000 euros cuando se dedica a fabricar «yesos para la construcción», siempre de acuerdo a la denuncia. Además, Sanidad habría adelantado la totalidad del importe pero la empresa no pudo suministrar todo el pedido y aún tiene pendiente de devolver 1.801.481 euros.