Anticorrupción abre una investigación sobre el contrato de mascarillas que afecta a Díaz Ayuso

El decreto por el que se abre la investigación, firmado este martes por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone que si bien en esas denuncias «no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid», razón por la cual se considera «procedente» analizar este asunto.

Así, resuelve, «sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas» , que conviene practicar una serie de averiguaciones que «permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados». Si, como apuntan las denuncias, los fiscales encuentran indicios de delito, el asunto podría acabar en una querella. De lo contrario, las diligencias se archivarán sin más. En todo caso, la incoación de una investigación es «imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados , sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias».

En este sentido, señala que las denuncias plantean «distintas hipótesis» sobre la «eventual participación« de Isabel Díaz Ayuso »en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios« pero no son suficientes como para remitir directamente las pesquisas al Tribunal Supremo donde ella, en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, está aforada.

«Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen 'indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada'», dice Anticorrupción, citando la normativa interna sobre competencia de las distintas fiscalías en los casos que afecten a aforados.

Es por eso que, de momento, las pesquisas se quedan residenciadas en la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario investigar, en primer lugar por «la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública » y también por «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».

El decreto repasa las tres denuncias presentadas y detalla, además, la documentación remitida desde la Puerta del Sol este lunes, cuando Ayuso anunció que se ponía a disposición de la Fiscalía y les iba a trasladar la información sobre el contrato antes de ser requerida formalmente para hacerlo.

Tal y como detalla Anticorrupción, lo que ha enviado el Consejo de Gobierno madrileño son los documentos del contrato en sí de las mascarillas, no las facturas de Tomás Díaz Ayuso a la empresa Priviet Sportive que fue adjudicataria del contrato. Según declaró la presidenta regional, le giró un total de cuatro facturas de las que sólo una habría tenido relación con la compra de mascarillas por 1,5 millones de euros. Aseguró que ascendía a 55.850 euros y obedecía a su trabajo de intermediación con China , que no con la Comunidad de Madrid. De las otras tres no dio información por la privacidad de su hermano.

En concreto, el inventario de documental remitido desde Sol abarca: oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; documento contable ADOK aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; y la memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con sus anexos.

Incluye asimismo la hoja de pedido del 1 de abril de 2020, el documento contable RC (retención de crédito); diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno que el pasado 18 de febrero respaldó la operación.

La adjudicación es el origen del conflicto que ha fracturado el Partido Popular entre acusaciones cruzadas de espionaje y posible corrupción. El aún presidente de la formación, Pablo Casado, declaró en una entrevista con COPE que la comisión que se habría llevado Tomás Díaz Ayuso por aquel contrato público adjudicado sin concurso ni publicidad en vía de urgencia, podía ascender a más de 280.000 euros.

El jueves, Génova abrió un expediente informativo a la presidenta regional sobre este asunto, pero puso fin a esa supuesta investigación interna 48 horas después, una vez Díaz Ayuso había difundido el comunicado que cifraba en 55.850 euros el dinero cobrado por su hermano en la intermediación y explicaba que aquella no lo fue con la Comunidad de Madrid, sino con China, para que esa empresa del amigo de ambos, trajese las mascarillas.