Una anciana desahuciada hace cinco meses se encadena frente al Banco de España

Ángeles Belmonte , de 76 años, y su hijo Miguel Ángel Navarro , de 55, han permanecido encadenados cerca de dos horas hasta que los agentes de la Guardia Civil les han puesto una denuncia por «infracción», bajo amenaza de detenerles si no abandonaban la protesta, por lo que se han atado a unos metros del edificio.

La anciana ha ironizado con que no iba a poder abonar esta nueva multa, porque no tiene «ni para pagar el pan», y adeuda ya otros 90 euros por dos denuncias que la impusieron por encadenarse a la barandilla de la sucursal bancaria de Unicaja en la capital almeriense.

Cobra una pensión mínima de viudedad, tiene tres hijos en paro y ocho nietos a los que destina todo su dinero, uno de ellos está desahuciado también y el otro está a punto de quedarse en la calle.

La anciana, a la que ni el frío de la mañana ni la Guardia Civil parecían amedrentarla, ha dicho a Efe que va a luchar «hasta morir» y que espera tener «más suerte con Rajoy que con Zapatero», de modo que «alguien» les ayude a solucionar su problema mientras que se encuentra de «okupa» en su propia casa.

Su hijo Miguel, conocido en los medios de comunicación como el «camionero sin camión», ha protagonizado varias acciones llamativas como quedarse en pañales ante los Juzgados en protesta por el impago de los pagarés de una empresa para la que trabajaba, lo que le ha llevado a perder su vehículo de trabajo y, próximamente, si nadie lo impide, su vivienda.

Navarro trata de hacer llegar al Gobierno una propuesta para cambiar la normativa de morosidad, con la que considera que se podría evitar que miles de trabajadores autónomos se vean en la ruina ante los impagos que sufren por parte de otras empresas de mayor tamaño.

Sujeto por las cadenas de hierro, ha explicado el caso de su madre, provocado por una reunificación de deuda sobre la casa de su hermano que ascendía a 110.000 euros y al que avaló la anciana con su propia vivienda.

La empresa hizo firmar a su hermano dos letras, una de 30.000 y otra de 80.000 euros, que se suponían que iban a quedar refinanciadas. No obstante, la compañía denunció a los pocos meses el impago de la primera de las letras e inició el procedimiento para el desahucio de la vivienda, que fue valorada en 30.000 euros, cuando las colindantes han sido tasadas oficialmente en 150.000.

Los afectados confían en que la justicia les de la razón por entender que se trata de una «estafa» y, mientras tanto, Navarro está intentando que se cambie «una simple frase» de la ley 19/1985, que hace «responsable del impago a quien ha trabajado y no a quien se compromete a que va a pagar y no paga».