Alivio en el PP y en sus autonomías por los cambios en la Lomce

La llamadas «pruebas de evaluación», que recoge la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), pesaban como una losa tanto en el Gobierno como en el partido que lo sustenta. La necesidad de eliminar el efecto académico de las mismas se venía sopesando en el Ejecutivo desde hace semanas, como así lo desveló ABC en su edición del 19 de septiembre.

«Es un anuncio esperado y madurado», aseguraban ayer a ABC fuentes gubernamentales, y que «responde a la filosofía tradicional del PP. El Gobierno ya había decidido hace semanas establecer una moratoria, pero era un anuncio que correspondía al presidente».

La norma tal y como salió adelante fue un empeño personal del anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert , y sobre todo de la secretaria de Estado, Mercedes Gomendio . El empeño de los dos en imponer el efecto académico de las reválidas chocó contra los populares que consiguieron, por dos veces, parar la Lomce. Sin embargo, la tensión entre el ministro y el partido, que presidió la redacción de la norma, se decantó del lado de Wert, que consiguió aprobar la ley, aunque con toda la oposición parlamentaria en contra.

Desde el primer momento, los dirigentes populares fueron conscientes de que esta norma provocaría más de un quebradero de cabeza al Gobierno. Por ello, la pérdida de la mayoría absoluta y la necesidad de negociar con la oposición parlamentaria una modificación de la Lomce abrió la puerta para adoptar esta medida que, de entrada, inicia el camino para el acuerdo. Era la baza que Mariano Rajoy se guardaba como señal de buena voluntad en este asunto. De hecho, el presidente apuntó ayer en el debate de investidura que está dispuesto a modificar otros aspectos de la norma, pero no a derogarla en su totalidad.

El anuncio de Rajoy ha estado precedido de una puesta en escena a modo de ronda de contactos en una doble vertiente: el PP y el Gobierno. Desde la dirección popular se mantuvieron reuniones con la comunidad educativa que, en su totalidad, se opuso al efecto académico de la reválida. Igualmente, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , se reunió en la sede ministerial con representantes del sector, con la excusa de empezar a avanzar en la consecución de un Pacto por la Educación. El resultado fue el mismo: nadie quería las reválidas.

A las críticas del sector había que unir la decisión de las Comunidades gobernadas por el PSOE de presentar recursos ante los tribunales de justicia para paralizar el decreto que regulaba las reválidas. Un frente jurídico que hacía aún más difícil llegar hasta el final con estas pruebas de evaluación académica.

La realidad forzaba al Gobierno a paralizar el efecto académico de estas reválidas, o lo que es lo mismo, que los exámenes solo tengan un valor de diagnóstico y que, en el caso de que no se superen, no impidan a los alumnos pasar de curso.

A partir de ahora, para que esta medida sea una realidad dentro de la ley, el Grupo Parlamentario Popular tiene que impulsar y pactar con todos los grupos políticos la creación de una Subcomisión en el Congreso para conseguir un Pacto Nacional por la Educación, para debatir qué se cambia de la Lomce y cómo.