El acuerdo entre Sánchez e Iglesias incrementará el gasto en unos 6.000 millones de euros

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Son catorce los bloques que componen el documento rubricado por Iglesias y Sánchez, apartados que van desde la reforma integral del sistema de pensiones y el incremento del gasto público en Sanidad, Educación o dependencia, hasta la modificación de la normativa del alquiler, la subida del salario mínimo o la propuesta de un nuevo sistema de fiscalidad que modifique tributos como el Impuesto de Sociedades, el IRPF o el de Patrimonio.

En el documento facilitado tanto por Unidos Podemos como por el Gobierno no se contempla la previsión de aumento de la recaudación que implican sus medidas fiscales. Si están en cambio contempladas las partidas de gasto. Entre nuevos conceptos, subidas respecto al año anterior o planes que se desarrollan en varios años, el impacto presupuestario de las medidas acordadas es de 5.900 millones de euros. Sin embargo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves en una entrevista en La Sexta que con las reformas fiscales los ingresos serán de 7.500 millones de euros, por lo que habrá un «superávit» que facilitará el beneplácito de Bruselas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que esas cifras "se aproximarán" a la realidad pero que corresponden al global del acuerdo, incorporando gastos imputables al sistema de Seguridad Social. En lo que se refiere a las partidas incluídas exclusivamente en los Presupuestos Generales, Montero ha dicho que el gasto alcanza los 2.082 millones de euros, mientras que el nuevo ingreso derivado de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude ascendería a 5.678 millones.

Las pensiones se revalorizarán de acuerdo al IPC tanto en 2018 como en 2019. Si en diciembre de 2018 el IPC sube por encima de 1,6% previsto, habrá una paga compensatoria para ajustar esa desviación. Un procedimiento que también se seguirá en 2019. El acuerdo tasa el impacto presupuestario de esta medida en 704 millones de euros. Además, la subida se blindará por ley incorporándo a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real.

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%. Además, ambas partes se comprometen a sentar las bases para que la pensión mínima alcance el 60% del salario mínimo y las no contributivas el 60% de la renta mediana.

Para apuntalar la reforma financiera de la Seguridad Social que haga viable estas subidas y la estabilidad del propio sistema de pensiones, el pacto recoge que las horas extraordinarias volverán a cotizar a la Seguridad Social, como antes de la reforma de 2012. Además, se integrará las empleadas del hogar en el Régimen de la Seguridad Social.

El acuerdo recoge que se trabajará con el Estado y las Comunidades Autónomas para que no se queden sin Sanidad aquellas personas que se encuentran entre la recepción de un documento provisional para ser atendidos y la expedición de la tarjeta sanitaria definitiva. Se recuperará el acceso a la Sanidad para españoles que residen en el extranjero en aquellos países en los que no tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria.

Podemos y el Gobierno se comprometen a eliminar el copago farmacéutico de manera progresiva empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad –con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas– y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas). También se propone la creación de una mesa o espacio para blindar la Sanidad frente a las privatizaciones.

En Educación, se aumentan las becas para el curso 2019-2020, lo que tendrá un coste de 536 millones. También habrá 50 millones para material escolar gratuito en etapas obligatorias y se reducirán las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis.

En dependencia habrá 515 millones de euros más (un 40% más que en los PGE de 2018). De ese dinero, 132 millones se destinarán a mejorar la financiación del nivel mínimo y 383 a recuperar el nivel anterior de financiación al Gobierno del PP. Esta medida se queda muy lejos de la reivindiación original de Podemos, que exigía 2.500 millones para sacar del limbo a 300.000 personas que tenían reconocida su ayuda pero que no habían recibido la prestación.

También se recuperará la cotización a la Seguridad Social para los familiares que cuidan, lo que supone un coste –según recoge el documento– de 315 millones, aunque se destaca el impacto positivo que esto tendrá en los ingresos de la Seguridad Social. Se derogarán los artículos de la ley de estabilidad presupuestaria que impiden estas medidas.

Se comprometen además a ampliar progresivamente el presupuesto en Vivivenda. En 2019, 630 millones de euros (un 38% más). 700 millones en 2020 y 1.000 en 2021. «En 10 años España debería invertir el 1 o 1,5 del PIB», reza el documento. En cuanto a los contratos de alquiler, se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas. En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita.

Si, después de cinco años en el caso de personas físicas y de siete en el caso de personas jurídicas, llega la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más.

También habrá un límite para los precios máximos del alquiler . Los Ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, con el objetivo de limitar estos alquileres. El Gobierno se compromete a desarrollar estos proyectos normativos a lo largo de 2019.

Además, se aumentaran, en 4 años, en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles. Se determinará el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública con una normativa, que se elaborará en 2019, que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio.

También suaviza Podemos sus exigencias para que obligar a los grandes tenedores de viviendas –con más de 10 inmuebles– a ponerlas en el mercado a un precio asequible. Se establecerá un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y ponga a disposición de las CC.AA. y los municipios distintas herramientas tanto para su «detección y diagnóstico» . Asimismo, «se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc…) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables».

Se elevará la cuantía del Salario Mínimo en 2019 a 900 euros/mes, 164 euros más al mes que en 2018, lo que tendrá un impacto presupuestario de 340 millones de euros. Se recuperará el subsidio por desempleo para mayores de 52 volviendo a fijar en dicha edad el acceso al subsidio, estableciendo el cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% del salario mínimo la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su percepción. Esto supone 323 millones de impacto .

Iglesias y Sánchez se comprometen a suprimir los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral del 2012 antes de que finalice 2018. Se ampliará el régimen de no caducidad del convenio colectivo , más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia. Se «revisarán» las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se comprometen también a reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. También se reforzará la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

En el pacto se recoge la necesidad de combatir a los falsos autónomos . En 2019 se reformará el sistema de cotización para vincularlo a los ingresos reales (cotizará más quien más ingresa).

Se incorporará una prestación por hijo a cargo para familias vulnerables. En 2019 se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo a cargo. Esto cuesta 180 millones.

También se dará 25 millones en ayudas para comedor y se impulsará la universalización de las escuelas de 0 a 3 años permitiendo a los ayuntamientos con Superávit que destinen parte de ese superávit a ello, y destinando 30 millones para aquellas corporaciones que no tengan superávit pero quieran hacer la inversión

En materia fiscal, el acuerdo incluye la creación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades , afectará a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal. Este tipo mínimo sería del 18% para las entidades de crédito y las empresas de hidrocarburos. Se disminuirá el tipo nominal del 25% al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros.

El documento firmado por Sánchez e Iglesias contempla que «se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras », consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de Euros. «No se gravará la compra de acciones de PYMES y empresas no cotizadas».

En la parte de fiscalidad del documento se contempla también que «se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros». Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos para dichas rentas superiores a 140.000 euros. En cuanto al impuesto de Patrimonio se acuerda incrementar el 1% en el a las fortunas de más de 10 millones de euros.