Juicio al «frente de cárceles» de ETA en la Audiencia Nacional - EFE / Vídeo: La Audiencia Nacional condena a los 47 abogados del entorno abertzale por pertenencia a banda armada

Los abogados del frente de cárceles reconocen que eran parte de ETA o colaboraron con ella

El acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones incluye una condena de tres años y seis meses de prisión para Zulueta, que será condenada como dirigente de ETA

Javier Arias Lomo
MadridActualizado:

Los cuarenta y siete acusados del frente de cárceles de ETA han admitido este lunes en la Audiencia Nacional lo que siempre han tratado de ocultar: que colaboraron con la banda terrorista ETA o que pertenecieron a ella. En la primera sesión del juicio, los encausados (entre los que se encuentran la abogada de etarras Arantza Zulueta o el antiguo senador de Bildu Iñaki Goiaga) han reconocido que la estructura que controlaba a los presos etarras actuó bajo la dirección de ETA, en concreto del frente político de la banda, para lograr la cohesión de los reclusos. Los acusados participaron en desde 2012.

El acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones incluye una condena de tres años y seis meses de prisión para Zulueta, que será condenada como dirigente de ETA, y una pena de dos años y siete meses de cárcel para Jon Enparantza, también en la misma condición. Ambos serán castigados además con la inhabilitación absoluta para cargo público. El resto de acusados, entre los que se encuentran la letrada Amaia Izco, aceptan una pena de dos años, con lo que evitarán la prisión.

Al admitir los hechos relatados por las acusaciones para tratar de esquivar la cárcel, los miembros del frente de cárceles reconocen lo que siempre han negado, incluso con una gran campaña mediática que ha incluido manifestaciones en las capitales del País Vasco. Los acusados del caso Herrira trataron de asegurar el objetivo de ETA de mantener a los miembros del colectivo de presos cohesionados, «con una actitud de permanente "lucha" en el interior de las prisiones, ya que esa actitud les convierte en el ejemplo más palmario de que el supuesto conflicto vasco sigue vigente y, por tanto, de la necesidad de un proceso de diálogo que permita su solución». Esta causa alude a las actividades de este frente a partir de 2012, unos meses después de que ETA anunciase el abandono de las armas en octubre de 2011.

Los miembros del frente de cárceles, muchos de ellos los abogados que en los últimos años han defendido a los etarras en los procesos judiciales, han dado el paso que siempre trataron de bloquear por parte de sus clientes terroristas: la aceptación de los hechos en busca de un horizonte penitenciario más suave. Los acusados, guardianes de la fidelidad a la banda, han preferido en su caso reconocer los hechos que les atribuyen la Fiscalía y la AVT para evitar que el juicio entrase en el fondo del asunto.

«Logro importante»

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT ha mostrado su conformidad con que los acusados hayan admitido los hechos de los que se les acusaba. «Consideramos que se trata de un logro importante en términos jurídicos y en términos de relato. Han aceptado de forma íntegra los escritos de acusación y que sus comportamientos eran de participación en organización terrorista. Han aceptado penas de prisión, innahibiltación absoluta, y en el caso de los reincidentes, la pena de libertad vigilada».

Asimismo, la letrada Ladrón de Guevara ha recalcado lo importante que era para la AVT «que quedara probado la existencia de un frente de cárceles y como a partir de 2012 los presos habían adquirido un papel más importante en el mismo». «Los acusados se encargaban de mantener esa cohesión y unidad en el colectivo de presos. Cada uno ha admitido sus responsabilidades», ha aseverado la abogada.

Como relata el escrito de la AVT y han reconocido los acusados, el colectivo de presos EPPK, en 2012, consideraba que el preso de ETA que se acogía a la legalidad para tratar de mejorar su situación penitenciaria actúa «en contra» del colectivo de presos y se convierte en «un arrepentido político», pues al aceptar la legalidad penitenciaria cuestiona el carácter «político» de la «lucha» que le llevó a prisión. La banda terrorista aprobó así la estrategia del EPPK y difundió su informe sobre el tema en las cárceles.